En este país se ha arraigado la creencia de que el hecho de ser padre de familia otorga una patente para violar la ley.

Y el asunto no fuera tan grave si se limitara a la conducta de quienes invocan paternidad familiar cuando la autoridad  les pisa los talones por estar violando alguna ley.

Lamentablemente, esa especie de cultura de “paternidad impune” es una hechura de los políticos que, ostentando alguna autoridad, son permisivos ante las violaciones para evitar perjudicar sus aspiraciones.

Por eso, por ejemplo, ha sobrevivido y crecido el mercado que ocupa las esquinas de la París con Duarte, José Martí y Juana Saltitopa, porque los padres de familia pueden tomarse para sí el espacio común y nadie les hace nada.

Ya quisiéramos ver a la sindicatura del Distrito Nacional o a cualquier otra autoridad tratando de desalojar a los padres de familia que se han tomado las vías públicas en esa parte de la ciudad. Dicen que las clases no se suicidan y, agregamos nosotros, mucho menos si se trata de la clase política.

Por esa misma cultura está lleno el país de mercaderías falsificadas, incluyendo medicinas y productos de cuidado personal, que se venden libremente en tarantines en las calles sin que nadie se atreva a hacer nada para no afectar a padres de familia.

Lo único que, lamentablemente, con la mercancía falsificada se engaña al consumidor o usuario final que cree estar comprando marcas originales, y se perjudica a quienes pagan impuestos aduanales por introducir legalmente mercaderías auténticas. Esto, sin contar los perjuicios a la propiedad intelectual, derecho de autor, ni sopesar prácticas desleales de comercio y otras sutilezas muy mencionadas en estos tiempos.

Vistas las cosas en este contexto, la politiquería en este país ha convertido a cierto tipo de padre de familia en su violador predilecto.

De fraude y otros fantasmas

Una denuncia pública, para tener mérito y hacerse incuestionable, debe estar apoyada en las pruebas, las evidencias o, al menos, indicios creíbles que puedan conducir a pruebas o evidencias.

Pero salirle al país, a nueve meses de las elecciones, con una denuncia sobre intentos de quebrar el orden institucional, sin presentar nada que avale las advertencias y afirmaciones, constituye un ejercicio de perturbación digno de épocas superadas.

Aunque todavía deja mucho por desear, el país ha logrado afianzar la institucionalidad democrática, ha hecho que sean confiables instrumentos como el Registro Electoral y el fantasma del fraude electoral no asoma su figura desde hace mucho tiempo.

Es más, el Poder Judicial se ha depurado tanto que sería factible recurrir a esa instancia, si existieran pruebas o evidencias, para hacer detener cualquier tinglado contra la institucionalidad democrática.

De lo contrario, libremos al país de estos elementos de perturbación que, hasta demostración en contrario, son fofos por  origen y causa.

El país necesita hacer mucho por afianzar y pulir sus instituciones y su democracia. Se ha trabajado en eso, pero falta más.

No es justo que pretendamos distraer con estruendos como estos.

Y menos mal que no estamos en los tiempos en que estas cuestiones, por su origen, hacían temblar al país.