Violan la ley ampara empleos

Violan la ley ampara empleos

POR UBALDO GUZMÁN MOLINA
La historia se repite cuatro años con igual dramatismo: cancelaciones y degradaciones de empleados públicos en violación, muchas veces, de la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Se trata de una práctica común en la administración pública y forma parte de la repartición del pastel del Estado. Se despiden con igual criterio a buenos empleados sin razón alguna y los que sólo van a cobrar.

Uno de los degradados de este gobierno fue Luis Camacho, enviado de la sede de Educación a un distrito de Los Alcarrizos, pasando de técnico nacional a técnico regional y se le redujo el salario en RD$2,120.

La carrera administrativa es continuamente violada por los gobiernos de turno. Lo hizo la administración de Hipólito Mejía, entre el 2000 y el 2004, y la actual gestión del presidente Leonel Fernández, con la finalidad de emplear a quienes trabajaron en la campaña electoral.

Sólo se libran de ser cancelados los que encuentran un padrino, algún amigo del incumbente de turno o se afiliaron al partido en el poder. La cacería se dirige hacia los empleados que entraron en el último cuatrienio.

En los períodos de cancelaciones, el ambiente de incertidumbre del personal se acrecienta, debido a la creencia de que se está en la lista de posibles cancelados y usualmente se ponen a correr «bolas», con cierta perversidad, de que se va tal o cual servidor público.

Los despidos de las oficinas públicas comienzan al iniciarse el cuatrienio (17 de agosto) y se extienden durante meses. En la actual administración se produjo otra ola de cancelaciones a principios de este año.

LAS PASADAS

En el gobierno de Mejía, las cancelaciones comenzaron con fuerza desde que llegó al poder el 16 de agosto del 2000. Un día después hubo decenas de cancelaciones en el Palacio Nacional, entre ellos Apolinar Pérez Morel, quien laboraba en la consultoría Jurídica desde 1992.

En ese mismo mes, en la secretaría de Educación fueron removidos de sus puestos sin especificar su nuevo estatus, Carmen Sánchez, Héctor Reyes y Ruth Chevalier.

En el 2000 fueron canceladas en Educación unas 500 personas que estaban amparadas en la carrera administrativa.

En el Instituto Agrario Dominicano (IAD) se despidieron Mario Montero, con 25 años en la institución; Nelson Fortuna, con 25 años, y Nicolás Vásquez, con 22 años.

El 2 de mayo del 2001, ex empleados de Educación con más de diez años de labor fueron cancelados sin causa justificada, entre ellos Domingo Generoso, Nerys Sánchez Paulino y Ricardo Salvador Fulcar.

En ese mismo mes se cancelaron 283 personas por lo que se definieron como motivaciones políticas, entre estos choferes, conserjes, archivistas, enfermeras, cajeros y secretarias del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

El 24 de mayo del 2001 fue cancelada la ingeniera Aracelis Pérez a petición del director del IDSS, William Janna, porque ésta había irrespetado supuestamente al presidente Mejía.

En el gobierno de Mejía se llegó al punto de que en junio del 2001 el gobernador de Montecristi, Lorenzo Rodríguez, admitió que las autoridades provinciales y dirigenciales perredeístas sacaron a todos los empleados de las oficinas y colocaron en su lugar a militantes de esa organización.

En el 2001, la doctora Evelia Elizabeth Polanco Rivera fue cancelada, a pesar de tener cuatro meses de gestación. Había sido nombrada el 3 de noviembre de 1995. Previo a su cancelación fue trasladada al hospital infantil de Enfermedades Respiratorias Socorro Sánchez.

En el 2002, Valerio Reyes Aquino, con más de 50 años en la secretaría de Obras Públicas, fue cancelado mientras estaba de licencia médica por enfermedad.

LAS NUEVAS

Durante el gobierno de Leonel Fernández, que se inició en agosto pasado, se ha cancelado a empleados del Banco Agrícola, Agricultura y el IAD, entre ellos con 15, 20 y 25 años en la administración pública. Cuatrocientos técnicos agropecuarios que cancelados de la secretaría de Agricultura al iniciar esta administración, se anunció el viernes que serán reintegrados luego que una comisión del Senado presionó al gobierno.

Lo mismo ocurrió en el área educativa. Claudia Rosario Adames, de 28 años, secretaria del liceo nocturno de Villa Duarte, fue cancelada pese a tener tres meses de embarazo. La medida se tomó el 15 de noviembre, pero se enteró el 4 de diciembre.

En tanto, Luisa Adriana Gómez Pérez, secretaria de la escuela de Honduras, con cuatro meses de embarazo, fue despedida el 26 de noviembre y sustituida por una militante peledeísta.

En tanto, Norma Cecilia Figueroa fue jubilada, degradada y enviada trabajar, a pesar de su jubilación por incapacidad. Trabaja en la sede de Educación.

En San Juan fueron degradados, entre una larga lista, Sergida María Durán, quien pasó de maestra técnica profesional a maestra de básica, y Miguel Antonio Peña Gómez de técnico distrital a maestro. Entre los profesores degradados figuran

Cristian Eduardo Martínez Segura, Brígido Sena Santos, Petronila Zayas. En el Instituto Dominicano de Seguros Sociales fueron cancelados más de 400 empleados.

El Premio Nacional de Literatura 2005, Diógenes Valdez, fue cancelado, luego de trabajar durante 37 años, cuando se debió jubilar. Los cancelados en el sector salud ascienden a tres mil de acuerdo con los datos revelados por los gremios.

En la semana pasada semana un grupo de médicos hizo una huelga de hambre en la sede central de la Salud Pública para presionar su reposición. Consiguieron su objetivo.

VERSIÓN OFICIAL

El director de la Oficina Nacional de Personal (ONAP), Ramón Ventura Camejo, deja implícitamente establecido que la ley de carrera administrativa es continuamente violada, aunque resalta que se trabaja en una nueva ley.

«Queremos establecer una carrera civil fuerte y respetada en la medida que todos los sectores estén comprometidos y se firme un pacto de que eso se va respetar, no importa el gobierno que ejerza el poder», sostiene.

Con esa legislación, los despidos masivos desaparecerán en el gobierno y se establecería una gerencia moderna de los recursos humanos. Se debe crear un estado meritocrático que contribuya con la garantía de los servidores públicos, señaló.

La ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa sólo ha protegido a 26,000 empleados, de los cuales 10,000 son docentes. Esa situación cambiaría totalmente con la nueva ley, terminando así el clientelismo en el Estado.

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