El director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) denunció que actualmente se viola sistemáticamente la Ley General de Electricidad en más de 15 artículos y que por esa práctica es que se modifican las tarifas ignorándose los estudios técnicos requeridos e incentivando el robo de luz.

El ingeniero José Luis Moreno San Juan citó como ejemplo de esta violación el caso del artículo 93, el cual establece que las distribuidoras deben compensar a los usuarios por los apagones, dándoles hora y media gratis de electricidad por cada hora de apagón.

“Su aplicación debió empezar el 1º de enero del 2003 y nunca se ha implementado”, añadió el director del Instituto de Energía de la UASD.

Sostuvo que se viola también el artículo 114, que establece que los aumentos de tarifas de la energía tienen que llevarse a cabo basados en un estudio técnico y publicar las nuevas tarifas antes de comenzar a cobrarlas.

Advirtió que el esquema planteado en cuanto a precios de venta de energía de los generadores a los distribuidores y la estructura tarifaria existente en el país, pasó hace mucho tiempo el límite de elasticidad del producto energía, y tiende, en vez a aumentar las recaudaciones de las distribuidoras, a disminuirlas, a causa de la evasión del pago.

Luego de aumentos exagerados de la tarifa a través de la resolución 31 del 2002 de la Superintendencia de Electricidad, muchas familias dejaron de pagar la energía y empezaron a robársela, sostuvo el ingeniero Moreno San Juan.

Afirmó que esto ocurre, porque se cobran unos precios injustos por la energía y recordó que el único estudio técnico contratado por la Superintendencia de Electricidad, fue el de PA Consulting y que en éste se recomienda reducir la base tarifaria.

Añadió, asimismo, que no es verdad que se habla de reestructuración de los bloques tarifarios, sino simplemente de modificar la base en dólares de la tarifa en aproximadamente un 18%.

En ese sentido, dijo que aún «cuando sabemos que si la tasa de cambio se incrementa, tendrá que aumentar la tarifa de la electricidad, no se justifica un alza en la base en dólares de la tarifa».

Argumentó que un incremento de la base en dólares de la tarifa, amerita antes un estudio técnico profundo como base y dijo que la deuda con los generadores de energía que, según se ha dicho es de unos US$400 millones, es falsa en su gran mayoría.

Al respecto, argumentó que en esta deuda se incluyen los costos hundidos de los antiguos generadores privados independientes (IPPs), que son los dueños ahora de la generación térmica en el país.

El ingeniero Moreno San Juan explicó que costos hundidos, en este caso, son los dineros que los IPPs pretendían ganar en todos los años de duración de los contratos de generación con el Estado, reconocidos al valor presente.

Eso significa que de esa suma, más de US$300 millones no corresponde a deuda corriente, sino a pago de prestaciones a los antiguos IPPs por ir al mercado.

Consideró que la deuda corriente real con los IPPs por generación de energía, no pasa de US$100 millones.

Recordó que los IPPs son los generadores privados independientes que existían antes del proceso de capitalización del sistema eléctrico.

El ingeniero Moreno San Juan resaltó también que esos costos hundidos se están poniendo en la deuda en cuestión como si fuera un sólo paquete.

Según explicó, en la actualidad existe el mismo problema que tenía la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), cuando el 45% de su generación dependía de los IPPs.

Recordó que los precios de venta de esa energía siempre fueron obtenidos sobre la base de corrupción y tráfico de influencia en la mayoría de los casos.

“Eran unos precios muy por encima de lo que era la realidad técnico-económica de la energía”, dijo.