Violencia:
Complicidad y exclusión (2 De 2)

Violencia:<BR> Complicidad y exclusión (2 De 2)

VIRTUDES ALVAREZ
El modelo económico neoliberal es un factor generador de violencia, pero no el único. Un caldo de cultivo para la violencia, es negarles al ciudadano o ciudadana y su familia el derecho a una vivienda adecuada (con servicios de agua potable, sanitario, eléctrico, etc.); cuando brillan por su ausencia servicios esenciales como la educación, la seguridad social y la recreación sana. Cuando siente que se le ha despojado de la oportunidad de «ser gente», el individuo se convierte en un candidato a infractor de las leyes y normas morales de la sociedad.

Estos elementos pueden ser parte de una explicación de la base material de la delincuencia que nos afecta. Es muy alta la deuda social de las clases dominantes con la sociedad dominicana. La pobreza extrema envilece a los seres humanos y entonces se reduce su capacidad de razonar, y la lucha por la supervivencia es un excelente terreno para las manifestaciones de violencia física y emocional.

El modelo económico impuso sus valores y derrotó aquellos que cimientan la familia dominicana: Prevalecen el individualismo, el afán de riquezas y el enriquecimiento rápido sin trabajo ni sacrificios. La honestidad, la solidaridad, el amor al trabajo, vocación de servicios, y el apego a la palabra empeñada son valores considerados «cosas del pasado».

La violencia de Estado no es solo policial y militar; no se reduce a la pérdida de las libertades públicas; es también ausencia de servicios públicos, de robo de los fondos públicos. También desde el Estado se ejerce violencia emocional cuando se niegan los servicios públicos fundamentales; cuando se irrespeta al ciudadano; cuando se hace presente el abuso de poder; cuando el agente de AMET te despeja de tu licencia de conducir; cuando el o la agente policial hace chistes sobre la situación de tragedia de la joven abusada sexualmente que acude a la dotación policial a formular una denuncia; cuando se niega la inteligencia del pueblo y quieren pasarnos como honorables a personeros con deudas de honor con la sociedad.

Veamos además los otros; la delincuencia VIP: La que se encubre con eufemismos como «evasión fiscal, fraude bancario, asignación irregular de vehículos y viviendas de particulares, enriquecimiento ilícito, etc.

La impunidad histórica y de clase entre los delincuentes de «cuello blanco» hace tanto o más daño a la sociedad que la del «palomo» que sustrae una cartera o una libra de arenque en el mercado del barrio. Se espera y se pide más, a quien más tiene y puede dar.

Cuando la complicidad política, incluso a veces clerical, policial, militar y/o judicial actúan y protegen de múltiples formas al funcionario y dirigente del partido gobernante o en la oposición que se «apoderó» de fondos públicos o se hizo millonario sin herencia familiar, sin ganarse la lotería, la sociedad recibe un claro mensaje de que…unos son más iguales que otros… de que si tu tienes dinero, tienes poder y en consecuencia, todo lo puedes!

Esa complicidad de nuestros gobernantes y líderes espirituales de mucho, qué provoca? A una parte importante de la población, nos trastorna el sueño, el apetito, el humor; a otros y otras les rompe la esperanza y la confianza…y esas son manifestaciones de violencia emocional.

Combatir y derrotar esa violencia omnipresente exige mucho más que guardia y policía -muchos de ellos descalificados para hablar de lucha contra la delincuencia-.

La lucha contra la violencia y sus diferentes manifestaciones, al igual que la lucha contra la pobreza, solo serán exitosa cuando las mismas no son parte de políticas públicas dirigidas a garantizar vida digna y derecho de ciudadanía. No pueden reducirse a una acción, a una arenga de «mano dura contra los delincuentes». No se trata de -por piedad- dar al indigente pan y abrigo y al delincuente cárcel y tiro.

Se reclama que el gobierno escuche a todos los sectores que presentamos propuesta de solución a los problemas nacionales; que se definan políticas públicas (y dentro de ellas políticas sociales) dirigidas a garantizar un estado de derecho en que dominicanos y dominicanas vivamos con decencia y dignidad.

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