En octubre pasado, las diez fiscalías barriales del Distrito Nacional registraron un número alarmante de denuncias de violencia contra mujeres. Un 28% de los delitos denunciados en esas instancias del Ministerio Público correspondió a casos de agresiones contra mujeres.

El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, ha reaccionado alarmado por estas cifras, pues reflejan un crecimiento del número de actos contra la integridad física de la mujer, o lo que se clasifica como violencia de género.

Realmente, la patología social en que encajan estos actos ha encontrado fertilizantes para multiplicarse y crecer de manera tal que se hace notable ante el Ministerio Público a través de quejas abundantes, que posiblemente no sean tan numerosas en comparación con los casos que se apañan en el silencio de la parte agraviada.

II

Los especialistas en asuntos de la conducta han llegado a conclusiones dramáticas acerca de la violencia intrafamiliar de género. El silencio de muchas mujeres ante el primer caso de violencia, dicen los entendidos, es un precursor que facilita las agresiones siguientes, algunas de las cuales llegan a resultar fatales.

Unas veces, en aras de la cohesión familiar y por entender que todos merecen una oportunidad, muchas mujeres se limitan al reproche cuando son agredidas por sus parejas.

La dependencia económica de la mujer cargada de hijos y sin otros medios para vivir que la manutención por parte del marido, se ha constituido también en un caldo propicio para multiplicar los casos de violencia amparada en el silencio.

Muchos casos llegan a oídos de las autoridades demasiado tarde, cuando ya encajan en la figura del feminicidio, que casi siempre genera orfandad.

III

El fiscal Hernández Peguero tiene razón cuando expone que no basta la persecución. El ejercicio represivo tiene que producirse después del acto que transgreda la norma de convivencia armoniosa. Se persigue la agresión solo cuando la ha habido y ha sido denunciada, cuando el daño está hecho.

Sin bajar la guardia en lo que concierne a la represión de la violencia de género, las autoridades están en el deber de adentrarse en la cadena de males sociales y económicos que sirven de precursores.

Hay que insistir en la orientación de las parejas sobre el manejo de las relaciones en el hogar y sobre los efectos desastrosos que los actos de violencia provocan en los hijos.

Hay que combatir las causas sociales de este flagelo y predicar de manera permanente y convincente contra el silencio de la mujer agredida.