SERGIO SARITA VALDEZ
La espiral ascendente de la frecuencia de actos violentos de naturaleza criminal observada en el último cuatrienio es algo que necesariamente debe generar preocupación en cada uno de los sectores sociales del país con elevado nivel de conciencia y cultura de paz. La seguridad ciudadana se ha convertido en un objetivo a lograr pues la incertidumbre se ha adueñado de muchas familias dominicanas.

La situación de deterioro ha llegado a un punto tal que cuando uno se levanta y sale de su hogar no sabe por cierto si regresará con vida a casa.

Ese estado de angustia y de incertidumbre debe ser revertido a la excepción y no que se mantenga en posición de regla. Ninguna nación avanza con firmeza hacia el progreso cuando sus hijos no pueden dedicar las energías vitales al trabajo constructivo, sino que son forzados en cambio a tener que dedicar gran parte de su pensamiento a sobrevivir cual si estuvieran viviendo en una situación de guerra.

Una de las tareas prioritarias que tiene por delante el gobierno peledeísta recién inaugurado es la de devolverle a la población  la confianza perdida, la fe de que las cosas van a mejorar incluyendo las cifras de muertes por actos homicidas. Por ello se requiere de una planificación efectiva basada en evidencias. A tales fines se requiere de la estructuración de un organismo colegiado que recoja a manera de estadísticas todos y cada uno de los casos de actos violentos acaecidos en la república a fin de analizar las circunstancias y factores causales que los generan. Una vez conocidos los elementos que intervienen en la génesis de los hechos de sangre podemos iniciar una política racional tendiente a ir corrigiendo las causas que dan origen a tan bochornosa panorámica.

¿Quiénes deben participar en dicha comisión? Sugerimos entre otros los siguientes organismos del Estado: Secretaría de Interior y Policía, Procuraduría General de la República, Policía Nacional, Departamento Nacional de Investigaciones, Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, Patología Forense, Consejo Nacional de Drogas y Secretaría de la Mujer. Del área de la sociedad civil participarían las Iglesias, el Colegio Médico Dominicano, Sociedades de Psiquiatría y Psicología, así como otras organizaciones no gubernamentales envueltas en la temática de la lucha contra la violencia.

Estamos convencidos de que solamente a través de un esfuerzo multidisciplinario, mancomunado, de carácter permanente y con una agenda de trabajo establecida por consenso seremos capaces de enfrentar la hidra de las mil cabezas que poco a poco ha venido arropando el cuerpo social de la república dominicana. Dada la envergadura del mal que nos abate no podemos darnos el lujo de dormirnos ni subestimar la gravedad de la situación. Un constante monitoreo de los índices de hechos sangrientos así como de las fluctuaciones en las cifras de morbilidad y mortandad relacionadas con el tema.

Sin un clima de paz y concordia no conseguiremos atraer a turistas y empresarios extranjeros dispuestos a visitarnos e invertir recursos financieros que contribuyan a reducir la tasa de desempleo y a mejorar la calamitosa pobreza que ahora se extiende de uno a otro confín del país. Las acciones criminales ahuyentan a la gente buena. Nadie se interesa por ir a un sitio en donde no sabe si va regresar con vida del mismo.

Hay que ponerle un gran dique de contención al fenómeno social de la violencia. Se trata de un asunto de vida o muerte para el desarrollo armonioso de la nación que así reclama. La creación  de un organismo multidisciplinario, a modo de cruzada antiviolencia, es una urgencia nacional. Esto ayudaría a plasmar en realidad la consigna sabiamente lanzada por nuestro presidente Dr. Leonel Fernández Reyna en su discurso inaugural y que dice: «E»palante que vamos».