DANILO CRUZ PICHARDO
En los últimos años la sociedad dominicana ha venido siendo sacudida por una ola de violencia, escenificada generalmente por jóvenes de sexo masculino, y que tiene su origen en la descomposición que exhiben los más diversos estamentos de la colectividad nacional. Se habla mucho de la pérdida de los valores morales y las buenas costumbres que adornaron siempre a la familia dominicana. La familia es el principal núcleo social y cuando en la misma hay deterioro conductual y ético es una situación que repercute inevitablemente sobre todo el conglomerado humano.

Hay muchas especulaciones sobre las posibles causas en que descansan la violencia y la delincuencia dominicana. Entre los motivos más señalados están el tráfico y consumo de drogas narcóticas, la deportación de dominicanos que han delinquido y cumplido condena en Estados Unidos, las transculturación, la falta de educación, el desempleo y, naturalmente, la pobreza.

Equivocadamente algunas personas que hacen opinión pública estiman que la solución de esta problemática está en manos de la Policía Nacional, mediante mecanismos persecutorios y represivos. Y hablan de darles duro por la cabeza, pero eliminando físicamente a presuntos delincuentes no se soluciona el problema.

La Policía podría jugar un rol importante, naturalmente limpiando la casa primero, en la aplicación de políticas preventivas, pero esa institución encargada del orden público tiene previamente que ser profesionalizada, dotada de equipos y tecnologías modernas, de vehículos de motor y ofrecer mejores sueldos a todos sus miembros.

Pero más que el trabajo que pueda hacer la Policía, creo en la labor que vienen desarrollando en los barrios más necesitados, que es de donde surgen los potenciales delincuentes, Felipe Payano y Manuel crespo, como secretarios de Estado de Deportes y de la Juventud respectivamente. Se trata de adecuadas políticas preventivas, para contribuir a que los jóvenes se alejen de los vicios y de los actos delictuosos.

A los jóvenes de los barrios pobres hay que garantizarles educación, estudios técnicos vocacionales, instalaciones deportivas, empleo y rehabilitación a los adictos a sustancias prohibidas. Para tales fines las autoridades oficiales debían de actuar permanentemente en coordinación con las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y populares y organismos de los derechos humanos.

Cuando la violencia y la delincuencia llegan a los niveles alcanzados en la República Dominicana es difícil erradicarlas. Pero con la implementación de políticas de prevención (más que de persecución) se pueden reducir significativamente.

Naturalmente, hay casos en los que no hay otra alternativa que la persecución policial, por lo que la misma no puede excluirse de agenda. Y si hay que reformar el nuevo Código Procesal Penal, del cual se dice que constituye un estímulo a la delincuencia (¡y en qué momento!), que se hagan las enmiendas correspondientes.

No podemos permitir que estos flagelos sociales nos arropen, bajo la creencia de que así lo quiso el destino, porque un pueblo bueno, como el dominicano, no merece un destino similar. «Cada cual se fabrica su destino», dice Miguel de Cervantes. Y John Milton dice: «No creo en la casualidad ni en la necesidad; mi voluntad es el destino».

Ojalá y las palabras del presidente de la República, ante la Asamblea Nacional, el pasado 27 de febrero, en el sentido de que acabaría con la delincuencia que sacude a todo el territorio nacional, no se queden en el aire y se asuma con la debida responsabilidad esta preocupante problemática.

Para contrarrestar esta problemática hay que irse directamente a sus causas. Indistintamente de las razones que llevan a los jóvenes a delinquir, en definitiva todos procuran dinero de manera aparentemente fácil. Hay que concienciar a nuestros muchachos sobre la necesidad de educarse para ascender socialmente de forma honorable y que constituyan ejemplos de decencia para la sociedad dominicana.

La violencia y la delincuencia, que provocan inseguridad ciudadana, es un reto serio para el gobierno, pero sobre el cual no están exento de responsabilidad los partidos políticos, las iglesias, la universidades, los clubes culturales, los sindicatos, las entidades empresariales y profesionales, los movimientos comunitarios y populares, las juntas de vecinos y los organismos que suelen defender los derechos humanos.