San Salvador. El Salvador libra una férrea ofensiva contra las pandillas y las autoridades pregonan casi a diario su aparente victoria, pero la violencia machista que también emanan estos grupos está acercando al país a vivir nuevamente una epidemia de feminicidios, menos visible para las autoridades.

En el 2016, el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén, con la venia del Congreso, quemó casi todas sus naves al lanzar una serie de medidas “extraordinarias” de seguridad para frenar los asesinatos que durante el pasado año y en el 2015 marcaron cifras históricas, financiadas con la creación de un impuesto para su “guerra».

No obstante, en la estrategia gubernamental contra la violencia, apenas se avistan esfuerzos para controlar la que sufren las mujeres y se vislumbra en el panorama que el Gobierno busca reducir los asesinatos en general y con esto aparentar un freno en los feminicidios.

El ministro de Seguridad salvadoreño, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que aproximadamente el 10 % de los 3.276 asesinatos registrados entre enero y el 25 de octubre pasados fueron feminicidios, sin detallar si esta cifra constituye el total de las muertes violentas de mujeres. Con este dato, El Salvador alcanzó en el citado lapso una tasa de feminicidios de 9,54 por cada 100.000 mujeres que habitan en el país, peligrosamente cerca de la tasa de 10 asesinatos que a nivel internacional se considera una epidemia. Pese a que el funcionario señaló que los feminicidios registrados en el 2017 “han sido particularmente graves” y que “tienen una importancia muy grande” para las autoridades, la tendencia apunta a que el país sobrepasará las 10 muertes violentas de mujeres por cada 100.000 habitantes.

En lo que va del 2017 la cifra diaria de feminicidios se sitúa en 1,1 y de mantenerse esta tendencia, el país podría llegar a los 400 asesinatos de odio y superar la tasa de 11 por cada 100.000 habitantes mujeres. Fuentes expertas aseguran que en lugares como El Salvador el sitio más inseguro para las mujeres es el hogar y no la calle, pero según la Organización de Estados Americanos (OEA), en este país, al igual que Honduras, Guatemala, México y Colombia, la violencia letal contra las mujeres está ligada fuertemente al crimen.

La coordinadora del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la OEA, Luz Patricia Mejía, aseguró en septiembre en El Salvador que “la región es una de las que tiene un mayor índice de violencia letal sin conflictos armados”, ligada a las pandillas y narcotráfico, y “por supuesto hay un impacto vinculado” con los feminicidios.

Mejía subrayó, en una de las actividades previas a la X Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), que solo en 2016 el país centroamericano tuvo una “epidemia” de feminicidios con 16 por cada 100.000 mujeres.

La ofensiva contra las pandillas ha logrado reducir las muertes violentas en al menos un 30 % hasta octubre, pero las medidas, que incluyen el recrudecimiento del régimen carcelario y un mayor despliegue de los cuerpos de seguridad, no ha logrado sacar al país de sus epidemias de violencia.

En El Salvador, donde el grito de batalla contra la violencia machista de “ni una menos” se ahoga cada día a fuerza de plomo, el ojo público se ha centrado en esta situación en los últimos días por dos feminicidios particularmente crueles. El primero es el asesinato de una mujer frente a sus dos hijos cuando se dirigía a denunciar a su excónyuge por violencia de género, crimen captado por un fotógrafo de la prensa local.

También el feminicidio de una joven de 27 años con al menos 8 meses de embarazo, cuyo cuerpo fue abandonado en una carretera y presentaba signos de haber sido estrangulada, según reportes de los medios salvadoreños, sin que hasta el momento se hayan detenido a los actores del crimen.