Este Día Internacional de la Mujer encuentra a las dominicanas con un promedio anual de feminicidios entre 150 a 200, alta tasa de mortalidad materna, primer lugar en embarazos en adolescentes, baja participación en los espacios de poder y salarios menores que los hombres.
Y aunque reconocen los avances de las mujeres en capacitación y empoderamiento sobre sus derechos, diversas entidades llamaron al Estado a adoptar políticas públicas para el desarrollo igualitario de la mujer y conforme al crecimiento económico mayoritario que exhibe el país en la región.
Violencia. En materia de violencia el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-Intec) cita que la violencia de género es el delito más denunciado en el sistema de justicia con 59,391 denuncias en 2017; 5,808 de delitos sexuales y 17,148 órdenes de protección. Solo el 4% de las denuncias son judicializadas y solo el 2% culmina y logra sanción penal.
Este centro representado por las maestras Lourdes Contreras, Desirée del Rosario, Lourdes Meyreles, Fátima Portorreal y Denise Paiewonsky, plantea que existen al menos cinco factores nodales causantes de de desigualdad que afecta a las mujeres: cultura machista como base de discriminación y violencia contra mujeres y niñas; la influencia ideológica y política de las cúpulas de iglesias, católica y evangélica, que limita los avances al promover actitudes sexistas; resistencia a una educación sexual integral en las escuelas, poca importancia de los políticos, funcionarios y tomadores de decisión a los asuntos de las mujeres y sus derechos y la no aplicación de normas legales establecidas en favor de las féminas.
Critican que tras un lustro de ser introducido por primera vez, el Congreso todavía no aprueba el proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres.

Plantearon la implementación de las políticas de igualdad de género en todos los ámbitos: educativo, salud, laboral y cuido, de participación social y política.
Mientras el director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), Víctor Terrero, aseguró que para honrar a la mujer hay que empezar respetando sus derechos, pidió a los legisladores que aprueben las leyes que la favorecen como del sistema integral contra la violencia y despenalizando el aborto en las tres causales.

“Llegó el momento de pasar de los discursos a la acción, y de que nuestros representantes legislativos demuestren su voluntad de favorecer a la mujer dominicana, aprobando esas iniciativas y dotando al país de una herramienta esencial para el desarrollo”, precisó.

Derechos sexuales. Para Magaly Caram, directora de Profamilia, condenó que haya suficientes recursos públicos para afrontar la alta tasa de embarazo en adolescentes, que afecta al 22% de mujeres de 15 a 19 años, siendo la tasa más alta de la región y por el cual esa población abandona su proyecto de vida, la escuela y enfrenta esa situación sin acompañamiento de la pareja que la embarazó junto al rechazo de sus familias.
Otra muestra de poco avance es que todavía mueren mujeres por un embarazo no deseado debido a un incesto, de violación o con su salud en riesgo o un producto inviable. Además que todavía aquí haya una alta tasa de mortalidad materna (197 en 2018).
“Todas estas carencias constituyen una vergüenza para un país que se considera de renta media y esté exhibiendo los índices de crecimiento más grande la región y se vanaglorien de eso, sin embargo las mujeres no tenemos acceso a condiciones mínimas que como ser humano merecemos”, expresó tras llamar a las mujeres a no desmayar.
De su lado la Unidad de Género de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que el gobierno sí esta de brazos cruzados respecto a la implementación de políticas públicas por lo que concierne los derechos económicos, sociales y culturales de la mujer dominicana.
Señala que persiste discriminación laboral de la mujer dominicana la cual no cuenta con ninguna protección frente a los abusos de los patronos respecto a su condición de mujer y madre trabajadora.

Participación política. Mientras que el Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana considera que las mujeres dominicanas enfrentan diversas dificultades para aspirar y ser electas en puestos públicos, lo que se evidencia en las cifras: del total de 1,451 mujeres electas a distintas posiciones en las elecciones del 2016, 816 (56%) ocupan posiciones secundarias.
En el Poder Legislativo, solo hay 3 senadoras (9.37%) y 53 diputadas (27.8%) para 32 y 190 escaños.
En la Cámara de Diputados, más del 70% de las presidencias, vicepresidencias y secretarías de comisiones son asumidas por hombres. En cuanto a las vocerías de los partidos en la Cámara de Diputados, en las últimas dos décadas solo en una ocasión hubo una mujer vocera.
Recordó que diversos mecanismos internacionales y la Constitución han establecido el principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo la recién aprobada Ley del Régimen Electoral establece que las nominaciones deberán estar integradas por no menos de un 40% ni más de un 60% de hombres y mujeres de la propuesta nacional cuando la Ley de Partidos 33-18 establece los porcentajes por demarcación.
Señala que la Ley Electoral representa un retroceso a los logros en materia de participación política y representatividad de las mujeres porque no garantiza candidaturas de mujeres en todas las demarcaciones. Recuerda que el país pierde el 44% de su potencial de desarrollo humano debido a la desigualdad de género; por lo tanto en el contexto del proceso electoral del 2020 la participación igualitaria de las mujeres en la política y en los espacios de toma de decisiones del Estado es esencial para construir y sostener la democracia.