La República Dominicana transita por una pendiente peligrosa, ya no hay sitio seguro. Los delincuentes están armados hasta los dientes y desenfundan sus armas sin el menor rubor. Muchos negocios y centros comerciales cierran antes de que la noche se haga cómplice de los asaltantes y atracadores y todo por falta de autoridad.

El gobierno ha recurrido como nadie a la retórica con un cuantiosísimo gasto en materia de imagen y relaciones públicas, en un vano intento por engatusar al pueblo sobre transformaciones y realizaciones que distan mucho de la realidad durante su frustratoria gestión administrativa y de seguridad.

Ha acotejado las estadísticas sobre pobreza y desempleo, atribuyéndose un liderazgo que compite con la mitomanía. De tanto repetir las fantasías han terminado por creérselas, descalificando con una arrogancia propia del “comesolismo” a quienes cuestionan sus hazañas. El gobierno no ha podido detener la violencia porque se ha acostumbrado a decir una cosa y hacer otra, pero además a tratar de ocultar la realidad en base a sofismas.

En todas las provincias de la República el servicio energético se ha desplomado como nunca en la historia; el aparato productivo está abandonado, los hospitales son un desastre, la educación con millares de niños sin aulas ni pupitres, pero ese es un problema que no les preocupa a estas autoridades, más empeñadas en figurear que en brindar las atenciones que necesitan los más pobres.

¿Puede la gente creer en tales transformaciones o las buenas intenciones de un gobierno que se vale o recurre a la violación de la Constitución y las leyes? Es muy difícil. El gobierno como garante de la seguridad pública y de los derechos humanos está en la obligación y en el deber de eliminar, erradicar o reducir la violencia.

Compartimos la opinión del carismático Presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, licenciado Hatuey Decamps Jiménez, cuando afirma que “la política económica y la seguridad de la nación está moviendo la preocupación de organismos internacionales”.