En este país hay quienes se especializan en aderezar con violencia cualquier manifestación de protesta. El balance sangriento más reciente nos ha dejado dos muertos y tres heridos, todos por armas de fuego, en Navarrete, San Francisco de Macorís y Salcedo, durante manifestaciones callejeras en pro de que Loma Miranda sea declarada parque nacional. En todos los casos los disparos han sido atribuidos a desconocidos encapuchados.

En Navarrete murió Manuel de los Santos Cuello y fue herido Teodoro Alcántara. En San Francisco de Macorís fue muerto Rolfy Cruz Hernández, de 18 años, y en Salcedo fueron heridos el teniente coronel Manuel Isaac José Polanco, quien sufrió heridas de perdigón en la cara, y el segundo teniente Ramón Pérez Bidó, que fue alcanzado por un proyectil que penetró por el costado izquierdo, sin orificio de salida.

Nos parece que hay que tomar muy en serio las acciones de estos grupos armados. Es necesario desplegar una labor de inteligencia que permita detectarlos, conocer sus ramificaciones y la procedencia de las armas que exhiben durante cualquier protesta. La sociedad dominicana ha logrado importantes conquistas en los últimos años y ha demostrado que para sus propósitos no necesita el apoyo de encapuchados armados. Estos precursores de violencia están fuera de época y salen sobrando.

JUSTICIA CONTRA EL MONOPOLIO

La sentencia del tribunal laboral de Santiago contra el Sindicato de Camioneros y Furgoneros de Puerto Plata, prohibiéndole monopolizar el transporte de carga y cancelando su registro como gremio, sienta un importante referente judicial contra las prácticas de sindicatos del transporte de mercancías a nivel nacional, en perjuicio de la libertad que deben tener las empresas para poseer sus propios medios de acarreo o contratar los que más convengan a sus intereses.

La sentencia toca un viejo conflicto que tiene aristas relacionadas con el derecho de competencia, para cuya defensa hay leyes y organismos, y la práctica de monopolio, que está prohibida por ley y contraviene principios y reglas generales del comercio. La sentencia también hace mirar hacia el hecho de que muchos sindicatos son en realidad empresas comerciales que, evadiendo el fisco, compiten con las formales.