Hoy 
Las controversias surgidas a propósito del proyecto de reforma fiscal puesto en manos del Congreso por el Poder Ejecutivo, obligan a replantear la necesidad de que las funciones y decisiones que correspondan a cada sector estén fundamentadas en una visión realista, que tenga como fundamento las necesidades del país, no de sus grupos particulares.
En una materia como la fiscal, desde la cual jamás se puede complacer a todos, se requiere que las decisiones dependan menos del consenso de las fuerzas sociales que no admiten sacrificios y se fundamenten más en lo justo, razonable y necesario.
En países como el nuestro, el ejercicio político suele delegar sus responsabilidades para acogerse a fórmulas de consenso cuyos objetivos cardinales son evadir los costos políticos de aquellas decisiones controversiales.
En el caso que nos ocupa, siendo la reforma fiscal un ingrediente de primer orden en las adecuaciones a que ha debido someterse el Estado para armonizar con las demandas contemporáneas, es preciso reconocer que la parte que administra y dirige la política económica tiene que tomar, necesariamente, previsiones y salvaguardas que permitan sortear las circunstancias que modifican el comportamiento de las variables económicas. La administración del Estado debe contar siempre con el beneficio de la presunción de que actúa dentro de marcos de certeza y entereza.
-II-
La condición más saludable para un desempeño adecuado del país es que las diversas instancias se acojan a los beneficios y sacrificios que determinen las circunstancias. No hay manera de complacer a todos en una reforma fiscal que es inevitable, pero siempre está de por medio un malsano interés por estar bien con todos, y esto generalmente sacrifica los intereses del país.
Quienes administran el Estado están obligados a actuar con justicia, de manera que sus actos no signifiquen privilegios para unos y desventajas para otros. Ahora bien, ese ejercicio de justicia distributiva en aras de la preservación del interés nacional, en modo alguno impone que haya que entrar en consensos que terminan perjudicando la gestión por el Estado y beneficiando a uno que otro grupo.
La reforma fiscal es una adecuación necesaria para que la administración del Estado no quede descapitalizada, en perjuicio de la marcha del país, a partir del momento en que se inicie el desmonte gradual de aranceles convenido en el Tratado de Libre Comercio. Además, esa reforma es una de las disciplinas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
Aunque parezca un contrasentido, no todas las veces el consenso es beneficioso para las mejores causas del país, porque en materia fiscal como en el ámbito político generalmente se ha apostado a complacer a grupos en desmedro del interés nacional, de la justicia y la razón. Quiera Dios que la reforma fiscal logre escapar de ese síndrome.
