POR MARIO MENDEZ
En el sector eléctrico han sido colocados funcionarios con visiones diferentes y esta estructura parece responder a un interés del nuevo gobierno de mantener un equilibrio de intereses en el sector, trascendió ayer.

De acuerdo a lo informado, en el nuevo gobierno del presidente Leonel Fernández se ha repetido en el sector eléctrico la situación de su anterior gobierno, cuando también fueron designados en esa área funcionarios con concepciones diferentes sobre la política sectorial.

En aquella ocasión llegaron, incluso, a presentarse diferencias sobre la política sectorial, sobre todo en torno al proceso de capitalización.

Por un lado, estuvieron los integrantes de la Comisión de la Reforma de la Empresa Pública, encabezados por el doctor Antonio Isa Conde, y el entonces secretario técnico de la Presidencia, ingeniero Temístocles Montás, quienes apoyaron los contratos de la capitalización.

Por el otro lado, estuvo el entonces administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, ingeniero Radhamés Segura, quien junto a la mayoría de los integrantes del Consejo de Administración de la CDE hizo cuestionamientos a esos contratos, aunque finalmente los firmó por razones de Estado, según reveló luego.

Al iniciar su nueva gestión, el presidente Fernández volvió a designar al ingeniero Radhamés Segura al frente de anterior CDE y hoy Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

En cambio, como superintendente de Electricidad fue designado el ingeniero Francisco Méndez, uno de los miembros de la CREP que trabajó junto al doctor Antonio Isa Conde en el proceso de capitalización del sector eléctrico y defensor de ese proceso, mientras que en la presidencia de Comisión Nacional de Energía fue designado el ingeniero Rubén Montás, hermano del ingeniero Temístocles Montas, quien repite en el secretario técnico de la Presidencia.

Aunque han sido colocadas personas con diferentes concepciones en posiciones que deben ir en una misma dirección, en círculos económicos del país se espera que los nuevos funcionarios designados en el sector se pongan de acuerdo para impulsar, sin pérdida de tiempo, las reformas que requiere el sector, para hacerlo financieramente viable.

Se ha indicado que el sector eléctrico se ha constituido en un barril del fondo y es el mayor responsable del aumento del endeudamiento externo del país.

Además, se ha planteado que la solución al problema estructural del sector no puede tardar más por los efectos en cascada que está teniendo en toda la estructura de costos de la economía dominicana.

Estas reformas implicarán, necesariamente, afectar a grupos de intereses en el sector eléctrico que en raras ocasiones están dispuestos a ceder.

El presidente Fernández afirmó en su discurso de toma de posesión que el sector eléctrico se encuentra en una nueva crisis estructural y, para enfrentarla, informó que el gobierno se propone aplicar un conjunto de medidas, entre las cuales citó las diez siguientes: contratar una línea de crédito por 50 millones de dólares para normalizar, en lo inmediato, el suministro de energía; evaluar o renegociar los contratos de compra y venta de energía; transparentar los costos del sector; focalizar el subsidio a familias con un consumo de hasta 200 kilovatios hora; aumentar el índice de cobros; adjudicar al sector privado las empresas Edenorte y Edesur; capacitar al personal de las áreas de supervisión y de diseño y formulación de políticas; fortalecer la superintendencia de electricidad; aprobar el proyecto de ley de incentivos a las energías renovables, y realizar una fuerte inyección de capitales al sector.