El déficit habitacional del país se acrecienta constantemente y no hay a la vista planes para encararlo. La iniciativa privada se ha encargado de satisfacer la demanda de viviendas para los segmentos poblacionales con holgura económica, pero no hay programas oficiales para encarar la demanda de alojamiento que genera la franja social más pobre, y esto ha multiplicado los focos de hacinamiento y arrabalización en las ciudades y la construcción de frágiles casuchas en lugares peligrosos, como pendientes y riberas de ríos.
Hay un drama social muy grave cada vez que arrecian las lluvias que desbordan ríos y provocan derrumbes.
Los programas de lucha contra la pobreza deberían poner especial énfasis en la falta de vivienda. Un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas ha propuesto al Estado que invierta durante diez años el 4,4% del PIB en un plan habitacional. Sea por medio de esta propuesta o por medio de un plan distinto, hay que afrontar el déficit habitacional en la franja más pobre de la población. Una forma de hacerlo es que las familias beneficiarias aporten trabajo como parte del pago de las viviendas. La inversión en un proyecto semejante generaría trabajo y dinamizaría la economía. Se podría financiar un plan recortando el gasto público y destinando esos fondos a inversión social. Así se lucha contra la pobreza.
Partidos, poder y clientelismo
El clientelismo se perfila como uno de los rasgos distintivos de nuestros partidos políticos. Es por esa debilidad que los procesos electorales tienden a resquebrajar sus estructuras internas o a generar descontento por cargos y designaciones. La práctica clientelista se caracteriza por una búsqueda de adhesión a cualquier precio. El Estado, y no las finanzas de los partidos, termina pagando los compromisos que éstos asumen en las campañas electorales.
Como estamos en vías de una reforma constitucional que podría incluir cambios en el sistema de partidos, nos parece oportuno reclamar que se establezcan regulaciones específicas para controlar el clientelismo con cargo a los fondos públicos. Para la salud de la democracia, y de los partidos en particular, hay que empezar a eliminar las prácticas que contaminan la esencia del ejercicio político. No podemos aspirar que los partidos sean santuarios, pero sanear sus principios nos convendría a todos.