LEANDRO GUZMÁN
La reciente escalada en los precios del petróleo, como resultado de los problemas bélicos en el Medio Oriente, ha generado profunda preocupación en aquellos países del llamado Tercer Mundo que carecen de ese recurso. Los gobiernos de esos países se han visto precisados a hacer uso de toda su inteligencia para buscar alternativas que sustituyan, aunque sea parcialmente, el uso del petróleo, unos decidiéndose por la construcción de proyectos hidroeléctricos, molinos de viento, el uso de la biomasa, y otros apelando al ahorro de energía, cuando no todas esas cosas a la vez.

En nuestro país, hace mucho que se habla del ahorro de energía, pero hasta ahora los resultados son muy discutibles.

Es decir, casi no se ha notado ese ahorro, mientras aumenta el consumo y el Gobierno tiene que subsidiar a aquellos sectores que no la pagan, para lo cual se ve precisado a invertir cientos de millones de dólares anualmente. Estos “clientes” que no pagan se suman a aquellos que simplemente se la roban, pues aunque están legalmente conectados siempre se las ingenian para pagar menos, sea alterando los contadores, sea utilizando “ganchos” para recibir la energía sin costo alguno. Hay grandes consumidores que tras ser sorprendidos en esa práctica, según informes disponibles, alegan que lo hacen porque el costo del kilovatio-hora en nuestro país es uno de los más elevados del mundo, y que para poder competir tienen que apelar a ese recurso.

En vista de esa situación, al hablar de los problemas de la energía eléctrica, el presidente Leonel Fernández dijo recientemente que en el país “todos tenemos que pagar la luz”, afirmación que compartimos plenamente, porque desde hace muchos años hemos escrito sobre la necesidad de que todo el que consume, debe pagar.

Como parte de su preocupación por el problema energético, el Gobierno ha anunciado la construcción de varios proyectos hidroeléctricos, entre ellos las presas de Pinalito, Palomino y La Placeta, entre otros, que aunque operarán en las horas de mayor demanda, contribuirán a fortalecer la aportación al sistema de energía barata, no dependiente del petróleo, que hoy día representa un 18 por ciento de la generación actual.

Es conveniente decir que entre estudios y la terminación de las obras para que entren en operación, transcurrirá un mínimo de cinco años. No se debe esperar a que esas obras terminen sin proponer otras alternativas que contribuyan a bajar la dependencia petrolera.

El administrador del Banco de Reservas, licenciado Daniel Toribio, acaba de anunciar un masivo plan de viviendas para personas de clase media y bajos recursos, financiado con un interés de un 15 por ciento anual. El Banco Nacional de la Vivienda ha anunciado un proyecto parecido, igual que la Superintendencia de Pensiones, Persia Alvarez, que afirmó que los recursos provendrán de los fondos generados en ese ámbito.

Según se ha establecido, en el país hay un déficit de unas 700.000 viviendas, que continuará en aumento en la medida que crece la población.

Consideramos que se debe aprovechar esta coyuntura para que en la medida en que se construyan estas nuevas viviendas, se incluya en el financiamiento los paneles solares o micro-aerogeneradores (pequeños molinos de viento) para dotarlas de energía no convencional, separándolas así del sistema eléctrico nacional.

En la medida en que se separen progresivamente muchos usuarios del sistema, en esa misma proporción disminuirá la compra de petróleo, cuyo barril ronda ahora los 78 dólares.

El costo de esas soluciones energéticas, aproximadamente, se acerca a los 300 ó 350 mil pesos por unidad habitacional. En lugar de que el Gobierno continúe subsidiando la electricidad a los sectores menos pudientes, lo que creemos que debe hacer la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) es independizar del sistema a las viviendas que se construyan de acuerdo a los planes anunciados.

No hay que esperar que el petróleo alcance el precio de los 100 dólares el barril para iniciar un programa como el que proponemos o cualquier otro que contribuya al ahorro de energía en el más corto plazo posible. La factura petrolera es una grave amenaza para la gobernabilidad democrática, por lo que es más que urgente que se enfrente el problema, no importa que para ello haya que tomar medidas radicales.

Los que tienen en sus manos el poder para la toma de decisiones tienen que tener en cuenta su alto grado de compromiso frente a la Nación, que reclama urgentemente disposiciones encaminadas a solucionar el problema energético, no importa cuántos sacrificios haya que hacer.

La responsabilidad histórica del buen o mal manejo de este problema será, tarde o temprano, de absoluta responsabilidad de aquellos que, en su momento, pudieron resolver y no lo hicieron.