El derecho del mar es uno de los pilares más influyentes del derecho internacional moderno. Regula quién puede navegar, explotar recursos y ejercer soberanía en los océanos. Aunque pocos lo comprenden en su totalidad, este marco legal puede cambiar el poder entre países, ya que delimita zonas económicas exclusivas, rutas estratégicas y derechos de paso.

Surge de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada en 1982 en Montego Bay, Jamaica. Se le conoce como la “Constitución de los océanos” porque establece reglas claras sobre soberanía, explotación de recursos y libertad de navegación. Define tres áreas fundamentales: el mar territorial, que se extiende hasta 12 millas náuticas desde la costa bajo soberanía plena del Estado; la zona contigua, otras 12 millas adicionales donde el Estado puede aplicar leyes de seguridad y control; y la Zona Económica Exclusiva, que alcanza hasta 200 millas náuticas y otorga al Estado el derecho exclusivo de explotar recursos pesqueros, minerales y energéticos.

La historia de este derecho se remonta al siglo XVII, cuando el jurista neerlandés Hugo Grocio defendió el mare liberum, la libertad de navegación, frente a la idea de mare clausum, mares cerrados bajo control estatal. Durante siglos, las potencias coloniales como España y Portugal intentaron repartirse los océanos, como ocurrió con el Tratado de Tordesillas de 1494. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU impulsó un marco común para evitar reclamaciones unilaterales y conflictos por recursos submarinos.

Hoy, el impacto geopolítico es evidente. Rutas estratégicas como los estrechos de Ormuz o Bab al-Mandeb son vitales para el comercio mundial, y la Convención garantiza el derecho de paso en tránsito. En el mar de China Meridional, pequeñas islas permiten extender zonas económicas exclusivas y reclamar vastos recursos energéticos. El Ártico y otras regiones se han convertido en escenarios de disputa por hidrocarburos y minerales. Países con costas extensas, como Estados Unidos, Rusia o China, tienen ventajas frente a Estados pequeños, aunque el marco internacional ofrece mecanismos de arbitraje para proteger a los más débiles.

Los riesgos y desafíos persisten. El cumplimiento es limitado, pues aunque existen tribunales como el ITLOS o la Corte Internacional de Justicia, no hay mecanismos efectivos para obligar a un Estado poderoso a acatar un fallo. Las negociaciones bilaterales suelen favorecer a las potencias frente a países pequeños. Además, el cambio climático y el retroceso de los hielos en el Ártico abren nuevas rutas y recursos, intensificando las disputas.