Hoy 
POR ALEIDA PLASENCIA
La presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Elena Viyella de Paliza, consideró que la Constitución de la República debe ser revisada, pero de manera consensuada. Viyella de Paliza favoreció también que se reduzca de nueve a cinco el número de jueces de la Junta Central Electoral (JCE) y que éstos sean escogidos de consenso en base a un perfil independiente.
De acuerdo a la dirigente empresarial, para la reforma a la Constitución deben crearse los estamentos y condiciones adecuadas para que la revisión se pueda hacer de una manera bien organizada.
Dicha revisión, debe contar con la participación importante y destacada de las personas que verdaderamente han estudiado la Constitución y que han realizado un trabajo serio y explorado durante años esa posibilidad.
La empresaria habló del tema al ser entrevistada en una conferencia de prensa donde directivos del CONEP y de la Cámara Americana de Comercio ofrecieron detalles sobre el Tercer Foro del Sector Privado de las Américas a celebrarse próximamente en el país.
Viyella de Paliza enfatizó que la revisión de la Constitución se haga con mucha ecuanimidad por parte de todos los sectores.
Según la empresaria, la Constitución debe adecuarse a los tiempos modernos y citó el ejemplo de España.
Sostuvo que esa nación europea realizó una reforma constitucional amplia, cuya revisión se hizo de manera participativa. Nosotros tenemos que mirar ese ejemplo (el de España), sostuvo Viyella de Paliza.
Esa reforma, añadió, no debe hacerse de manera precipitada e indicó que tenemos grandes retos, sobre todo, en lograr crear en nuestro país el hábito de cumplir con la ley.
Consideró que ese es un elemento (el cumplimiento de las leyes) que viene en mejoría del país y que, a su juicio, debe seguir fortaleciéndose.
Las leyes son para cumplirlas, sostuvo, tras indicar que aquellas legislaciones que no estén adecuadas deben ser objeto de modificaciones en el Congreso, luego de darse los pasos necesarios para ello.
La empresaria también abogó porque haya un nivel de seguridad jurídica que garantice las inversiones y las promueva.
