Hoy 
El vocero del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, Teodoro Ursino Reyes, dijo ayer que en la reforma constitucional que se hizo en julio del 2001, allegados al gobierno dieron a algunos diputados RD$1.8 millones para que la aprobaran.
En cambio los voceros en el Senado del oficialista Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Tommy Durán, y del opositor Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Germán Castro García, negaron la afirmación que hiciera la semana pasada el abogado Marino Vinicio Castillo, en el sentido de que funcionarios del gobierno y dirigentes del PPH retiraron sacos de dinero del Baninter para repartirlo entre legisladores para aprobar la modificación constitucional que eliminó la reelección.
Por su lado, el vocero senatorial peledeísta, José Tomás Pérez, dijo que no era senador en ese momento, por cuanto no tiene conocimiento preciso del caso, pero que el PLD, al cual pertenece, expulsó 10 de sus diputados por irregularidades cometidas en la reforma a la Constitución de aquel entonces.
El vocero de los diputados del oficialista Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Agramonte, aclaró que no fue en el actual Congreso Nacional que se produjeron las reformas a la Carta Magna.
Consideró que el doctor Marino Vinicio Castillo, quien preside la Fuerza Nacional Progresista (FNP) tiene al país acostumbrado a este tipo de denuncias sin fundamento.
El legislador oficialista restó veracidad a las afirmaciones del doctor Castillo en el sentido de que personeros del gobierno tomaron un préstamo de RD$36 millones al desaparecido Banco Intercontinental (BANINTER) para comprar senadores y diputados para que aprobaran la reforma constitucional.
Ursino Reyes, portavoz del PLD en la Cámara de Diputados, quien representa a La Romana, dijo que en la ocasión varios diputados peledeístas fueron sancionados porque se apartaron de los lineamientos trazados por la dirección del partido.
«Ya eso es una noticia pasada, pero de que se distribuyó, se distribuyó dinero para aprobar la reforma constitucional», dijo el diputado Reyes.
Señaló que el PLD «se opuso tajantemente (a la reforma a la Constitución de entonces) por principios moral y ético, además de principios políticos».
Expresó que la distribución de dinero entre legisladores para aprobar o rechazar determinadas iniciativas «es corrupción».
«Entendemos que la Constitución es la ley de leyes y no puede estar adecuándose a determinados intereses de partidos políticos de manera específica», expresó.
Otros voceros de la Cámara Baja no pudieron ser localizados para que opinaran en torno a la denuncia del doctor Castillo.
Por su lado, el vocero del bloque de senadores del PRD, Tommy Durán, dijo que el doctor Castillo es muy dado a politizar temas que son eminentemente judiciales, como es el caso de los bancos quebrados.
El representante de la provincia Puerto Plata dijo que no hubo distribución de dinero para aprobar la reforma constitucional.
El portavoz perredeísta en la Cámara Alta significó que lo procedente es que los denunciantes presenten las pruebas de que realmente hubo compra de conciencia durante el proceso de reforma a la Carta Sustantiva.
Durán dijo que «eso es falso de toda falsedad.»
Manifestó que si el doctor Castillo tiene alguna prueba de eso, sencillamente lo que tiene que hacer es presentar una querella, «pero todo el mundo sabe que ésa es una declaración alegre de parte de él.»
«No hay absolutamente ninguna prueba de que hubo distribución de dinero y dádivas en ese proceso y yo desmiento categóricamente la denuncia», sostuvo el vocero del PRD en el Senado.
Por su lado, el vocero reformista, Castro García, quien representa a La Altagracia, dijo que desconoce que hubiera repartición de dádivas para reformar la Constitución.
Aseguró que ningún senador se hubiera prestado a esa práctica deshonesta.
