PEDRO GIL ITURBIDES
No puedo negarles que he cavilado mucho por las vueltas que le dio el Presidente Leonel Fernández a la reforma constitucional.

En tanto fue parte del elenco opositor, él hizo coro con muchos ciudadanos, en favor de una constituyente soberana. Salvada la distancia que lo separaba del solio presidencial, se inclinó por las consultas populares.

 Debo señalar que en principio pensé en una engañifa propia de la política criolla. Recordé al inefable Ulises Heureaux cuando le explicaba a don Isaías Franco Bidó que una cosa expone el político abajo y otra cosa hace arriba.

Pensándolo mejor, sin embargo, he tenido que poner un pie en la orilla de Lucas Mejía y el otro en la orilla de Juan Mejía.

 Porque, ¿cuál es el propósito de quienes nos abanderamos en el palio de una Asamblea o Congreso Nacional Constituyente? Evitar que la insensatez, la celeridad, la estulticia politiquera, repitan yerros del pasado.

 Que los hemos cometido a granel. Basta revisar la versión que surgió de la Asamblea Nacional del 2002. Los presurosos constituyentes mantuvieron en este texto unas superadas disposiciones transitorias aplicables a unas fechas dejadas atrás.

 Los artículos 121 y 122 trazaban un marco legal relacionado con la alteración sufrida por la vida institucional en 1994. Por tanto, aquellos artículos carecían de razón de ser más allá del reordenamiento derivado de esos sucesos. Pero no, ¡los dejamos allí, porque la Asamblea Nacional tenía mucha prisa como para detenerse a leer y demasiada urgencia como para razonar! Y allí están, como un baldón, en ese texto de la ley fundamental de la República, votada y proclamada en julio del 2002. Por eso preferimos una Asamblea o Congreso Nacional Constituyente. Porque con una convocatoria para estos efectos, o recurriendo a un latinismo, ad hoc, se evitan estos y similares desaguisos.

Lo peor es que todos somos partidarios de la Asamblea o Congreso Nacional Constituyente. Para mi sorpresa, el padrino de la reforma del 2002 salió poco ha de una reunión del partido al que pertenece, y proclamó a boca llena que es contrario a la reforma por consulta popular.

Orondo, dijo que el Presidente de la República debía hacer posible que se convocase la Asamblea o Congreso Nacional Constituyente.

¡Dios mío!, proclamé para mi coleto, ¡cuánto cinismo! ¡Cuánta desfachatez! ¡Cuánta desconsideración a sí mismo y a los demás! ¿Y no es éste el que impulsó presuroso esa revisión del 2002 por vía de una Asamblea Nacional? “El mismo”, me dije.

Y entonces me expliqué ya tranquilo y sosegado, por qué nuestro pueblo ha sufrido tantas penurias y pobrezas, guiado de quienes no se pueden guiar a sí mismos. Por eso soy partidario del Congreso o Asamblea Nacional Constituyente. Porque tras una convocatoria previa de la Asamblea Nacional para modificar los artículos 117 y 118 de la versión vigente, podemos acudir a esta otra instancia con poderes soberanos. Allí, con calma, sin las premuras de quienes aspiran a lo que no se puede aspirar con la vigencia de un texto determinado, se trabajaría en un texto para el porvenir.

No estaremos exentos de absurdos como el señalado, de mantener por dos revisiones una previsión transitoria escrita para un instante determinado.

Estos garrafales errores los hemos cometido desde que expulsamos al promotor de la Independencia. O mejor aún, desde que cargamos de grilletes al Descubridor para impedir que mantuviera un orden que pretendía imponer en la díscola y naciente colonia.

El desorden, mental e institucional, individual y colectivo, han sido propios de nuestra existencia por más de quinientos años.

¿Cómo desprendernos del mismo sin sufrir graves lesiones a nuestro honor? Pero al menos, una instancia convocada al efecto, sin premuras politiqueras, tendría ocasión y oportunidad de producir una versión sin tachas que signen su permanencia. Pero sobre todo, podría esgrimirse que se ha mantenido la palabra empeñada, y se han cumplido propuestas intercaladas entre las promesas de campaña.

Sin desdoro ni olvido del trabajo de las consultas populares. Y de este modo, las vueltas aplicadas a la dichosa reforma constitucional, tendrían un sentido político y no politiquero.