Solo en los Gobiernos verdaderamente democráticos están garantizados los derechos de los ciudadanos. Las constituciones modernas obligan a los jefes de los Estados a garantizar los derechos fundamentales.

Los Derechos Fundamentales son aquellos vinculados a la vida. Sin embargo, la dinámica del desarrollo humano ha dado cabida a nuevos derechos que, por su trascendencia, son determinantes en la nueva relación social entre los ciudadanos globales.

Los derechos del consumidor forman parte del paquete de los nuevos derechos y, aunque fueron enunciados y se trazaron las directrices por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1985, mediante la resolución 39/248, ya eran una realidad porque desde que surgió el comercio, los gobernantes, incluso en la antigüedad, establecieron mecanismos para proteger a los consumidores de las garras del mercado.

Con el advenimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, gracias a la presión social de los ciudadanos y el apoyo político definitivo, se hicieron posibles. Por un lado, estaba el liderazgo de los afroamericanos quienes reclamaban el fin de la discriminación racial y por el otro, el compromiso de los demócratas con la causa liberal de promover una sociedad menos excluyente.

Puede leer: ¿A quién pertenece la arena de los ríos?

Desde el presidente John F. Kennedy que los proclamó el 15 de marzo de 1962, al profesor Juan Bosch en 1963, pasando por el presidente Barack Obama que creo un organismo de defensa a los usuarios de los servicios financieros tras la crisis subprime de 2007, hasta el actual presidente Joe Biden, quien acaba de exigir la mayor transparencia en las empresas que comercializan espectáculos en Estados Unidos, tras las quejas de los consumidores por sobreventa y precios ocultos.

La empresa Ticketmaster se comprometió con el presidente Biden a proporcionas transparencia y la debida información a los usuarios so pena de ser multada por los organismos de control.

En nuestro país, los derechos del consumidor están consagrados en el artículo 53 de la Constitución, y protegidos por la ley 358-05. Estos derechos nacieron protegidos por las constituciones democráticas, de 1963 y 2010.

El 27 de abril de 1963, el Congreso aprobó la Ley 13 de protección a la economía popular. Fue el presidente Juan Bosch, quien promulgó esa ley y creó la Dirección de Control de Precios. La voluntad política fue determinante para que así fuera.

Seríamos muy mezquinos si no reconociéramos el papel fundamental desempeñado por el Congreso Nacional y el presidente Leonel Fernández en el año 2005, quien promulgó la ley de Protección a los Derechos del Consumidor y contribuyó a su aplicación. La Ley 358-05 que está vigente en la actualidad, derogó la Ley 13 de protección a la economía popular para dar paso a una ley conforme a los requerimientos del orden económico mundial.

Al igual que la Ley 13, que derivó de la Constitución de 1963; la 358-05, fue incluida en la Constitución del 2010. De modo que los derechos del consumidor en la Republica Dominicana nacieron fuertes al ser protegidos desde sus inicios por la Carta Magna.

Como vemos, la voluntad política es determinante para que los derechos de los consumidores sean garantizados como parte del derecho administrativo que regula la relación del Estado con los ciudadanos.