ANTONIO PEÑA MIRABAL
Muchas personas que votaron por el doctor Leonel Fernández y el PLD en las pasadas elecciones presidenciales de mayo, lo hicieron convencidas de que el gobierno anterior, además de sumergir al país en la más profunda crisis económica de las últimas décadas, hizo de la corrupción en el gobierno, el pan nuestro de cada día.

Ese voto de castigo espera una reacción del nuevo gobierno contra esa corrupción.

A más de 75 días de ser instaladas en el Palacio Nacional, las actuales autoridades sólo han presentado un expediente ante la fiscalía del Distrito Nacional. El que tiene que ver con el uso indebido de vehículos reportados como robados por sus propietarios, y que terminaron siendo utilizados por oficiales de la Policía Nacional. ¿Se ha actuado con lentitud ante lo que estaba a la vista de toda la población? ¿No quiere el gobierno enfrentar al PPH y al PRD, que por el momento no hacen oposición? ¿O es que el gobierno se está preparando de tal forma, que cuando los expedientes sean introducidos, no quede más opción que enviar a la cárcel a los corruptos?

Ese expediente contra el pasado jefe policial y altos oficiales de esa institución, tiene una significación muy particular en lo que concierne al PLD y sus orígenes.

No es casual que el mismo haya sido preparado por dos instituciones dirigidas por dos destacados abogados peledeístas, que por demás son fundadores del PLD, y sobretodo considerados del ala ortodoxa de esa agrupación política. Tanto el doctor Euclides Gutiérrez Félix, Superintendente de Seguros, como el doctor Franklyn Almeida Rancier, Secretario de Estado de Interior y Policía, tienen calidad moral frente al pueblo dominicano, para exigir que los responsables de las irregularidades al frente de la Policía Nacional, sean sancionados con todo el peso de la ley. A través de ellos dos y por la actitud que han asumido frente a este caso, se ven expresados el pensamiento boschista y la concepción que sobre el manejo del Estado tenía el Maestro de La Vega. Es por ello que ese expediente no puede ser derrotado utilizando artificios jurídicos y tecnicismos legales. Al país y a los actuales funcionarios gubernamentales, hay que enviarles una clara señal, sobre la actitud que asumirá el presente gobierno contra los que se equivoquen en el manejo del erario público.

Contrario al espíritu del expediente en cuestión, la Corte de Apelación del Distrito Nacional, acaba de revocar la sentencia emitida por la jueza interina del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, doctora Daira Medina, alegando que la misma se extralimitó en sus funciones. Esa sentencia disponía el confinanciamiento de los involucrados en el expediente. Por otro lado, el abogado defensor de los acusados explicó que cuando esa sentencia fue apelada, «….El fiscal no respondió nuestro escrito en el plazo de cinco días y no hizo ningún tipo de reparo ante la apelación y por tal motivo la apelación se fue sola». No es posible, de ser cierto esto, que la sociedad vea disminuida su capacidad de acción frente a los que violan la ley, porque su representante no actúe con la premura que el caso amerita.

Como no soy abogado, no sé si la actitud del Fiscal del Distrito Nacional ante este expediente representa una negligencia de su parte o responde a su propia convicción, lo que sí sé, es que la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional constituye por el momento una acción que envalentona a los acusados frente a sus acusadores. Y este es un mensaje negativo a la sociedad, igual que el enviado con la actitud que este funcionario asumió frente al caso Plaza Lama, con la diferencia de que en este último, el Presidente de la República apoyó públicamente la acción de la Dirección General de Aduanas, con lo que desautorizó la acción del Fiscal del Distrito Nacional.

El gobierno debe hacer el mayor esfuerzo para no enviar mensajes equivocados en torno a un tema tan delicado y comprometedor como el de la lucha contra la corrupción. No es que se ponga en marcha un plan de retaliación contra los funcionarios pasados, pero sí que se exprese una voluntad clara y precisa para enfrentar este mal, culpable en gran parte de la miseria de nuestro pueblo.