El intento por establecer en el país un sistema de seguridad social de mayores alcances que el existente hasta ahora ha tenido que enfrentarse a voluntades adversas en todas sus etapas.

En los inicios de estos esfuerzos, el camino hacia la aprobación de la Ley de Seguridad Social estuvo lleno de obstáculos que sectores interesados se encargaron de manejar y administrar.

Aprobada ya la legislación, se pensó que las voluntades empujarían en la dirección de dotar a la familia dominicana de un instrumento de resguardo tan necesario como la seguridad social, pero lamentablemente no ha ocurrido así.

Es más, el concierto de intereses adversos a la seguridad social ha provocado, inclusive, una degradación de los servicios que proveía el Instituto Dominicano de Seguros Sociales.

–II–

En esta etapa del proceso, el doctor Bernardo Defilló, quien está al frente de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL), denuncia que de los fondos que ha venido acumulando ese organismo han sido transferidos a otros menesteres RD$120 millones, atribuyendo este despojo a intereses que tendrían el propósito de estrangular económicamente a la superintendencia a su cargo. Esta afirmación concuerda con sus advertencias en el sentido de que se estaría tratando de impedir que el Seguro Familiar de Salud entre en vigencia en octubre del presente año.

En el mismo contexto deben ser vistas sus quejas por el hecho de que sólo un 60% de los empleados públicos, lo que incluye el personal de los ayuntamientos, están afiliados al sistema de seguridad social, sin que parezca haber razones valederas para que el restante 40% no haya sido afiliado todavía.

–III–

Como se evidencia, no cesa de haber intereses opuestos a que el país cuente definitivamente con un auténtico sistema de seguridad social, que brinde a los trabajadores y sus familiares la protección que merecen y que debe garantizarles el Estado.

Son ampliamente conocidos los tropiezos que ha habido en el proceso de incorporación de las distintas regionales de salud al sistema nacional de seguridad social y las quejas del doctor Defilló ponen de relieve que los intereses adversos no cesan en su esfuerzo por impedir que el país cuente con este instrumento.

Un país, un Estado, no puede marchar o detenerse al ritmo que impongan los intereses de grupos o personas, y mucho menos cuando se trata de validar prerrogativas con las cuales debe estar profundamente comprometido, en beneficio de las mayorías.

La seguridad social, con todos sus atributos, es una reivindicación merecida por la familia dominicana, para que haya una auténtica protección en materia de salud individual y una asistencia social de primer orden a la edad del retiro. Es hora de neutralizar tantas voluntades adversas.