Ante la postura arrogante, incapaz de respetar la voluntad emanada de una decisión de la instancia electoral y parte del teatro incidental que tiene como objetivo básico ganar tiempo para no someterse al escrutinio de las bases del partido, decidimos volver al tribunal. En un país donde los partidos políticos operan con criterios institucionales, resulta incongruente la tozuda resistencia de los administradores de las siglas del PRD.
El fundamento de la acción, conocida como amparo en cumplimiento, posee la carga legal para conminar al fiel cumplimiento de una decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE). No obstante, las tácticas dilatorias se enmarcan en lo desencajado que tomó a Vargas Maldonado obligarlo a someterse al escrutinio de las bases de una organización reducida en sus simpatías, pero deseosa de volver por los senderos de niveles de respetabilidad ciudadana que no pueden crecer, si el principal responsable de la debacle mantiene el control del aparato partidario.
Para los fines de plazos establecidos, en el PRD debemos celebrar la convención ordinaria que seleccionará las próximas autoridades en el mes de julio. Y en ese orden, retardar dicha evento se asocia a una lógica perversa que, bajo el alegato del factor tiempo, los actuales administradores de las siglas quisieran seguir controlando los fondos y beneficios que se derivan de la condición de funcionarios institucionales. En ese sentido, se inventan interpretaciones para extenderse en el mando por seis meses que, a la luz de lo jurídico, se interpreta como un ardid y afán desenfrenado para descarrilar la fatalidad para ellos de tener que cesar y/o juramentar las nuevas autoridades en el mes de septiembre.
Antes, existía un Tribunal Superior Electoral adocenado a la voluntad política del administrador de las siglas del partido que, en el interés de imponer la política frente a los aspectos jurídicos, no disimulaba su relación con magistrados que degradaban el sentido de equilibrio y servir a la ley, terminando como exquisitos exponentes de una fatal obediencia al mandato de los que le colocaron en sus asientos. Tan grave que el cese de ellos en su ejercicio, tiene como rastros comprometedor, la presencia de amigos, familiares y relacionados en la actual nómina de la cancillería y cuatro instituciones asociadas al pacto entre el PRD y PLD. ¡Descarados!
Cuando decidimos conformar una co rriente interna, conocida como Por el Rescate del PRD sabíamos las perversidades a enfrentar. Esencialmente, por el sentido de perversión de la práctica en el comportamiento de una organización que llenaba de orgullo a su militancia, y que por el infortunio de la actual gestión, transformó años de gloria en un modelo donde darle dinero y prometerle un empleo representa la relación esencial entre la dirección y sus militantes.
La tragedia del partido de José Francisco Peña Gómez consiste en la ruina que representan 79 años de historia reducidas a una red de negocios, ventajas económicas, tan divorciadas de la política al servicio de la gente que hacen de la principal figura institucional, un receptor de contratos que alcanzaron millones de pesos mensuales y la venta del principal edificio de Aduanas, ganar la licitación de Agua y Luz y recibir préstamos de Banco de Reservas en medio de una campaña electoral. El verdadero criterio que prevalece en el marco de un interés por transitar el camino de una convención consiste en imposibilitar que el PRD siga siendo un negocio.

Aunque los alegatos jurídicos ordenen la vida del partido, lo que no se percibe es que la ruta de lo institucional es la vía por excelencia para adecentar la organización política. El 22 abril recibimos una sentencia que obligaba una nueva convención ordinaria, y desde esa fecha, en cinco ocasiones hemos solicitado mediante acto de alguacil la convocatoria de la comisión política, sin respuesta. Seguiremos apostando a la democracia, y volvemos al TSE.