POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Estrategas de diversos sectores políticos tratan de revivir una vez más el recurrente intento de la prolongación de mandatos constitucionales para evadir las elecciones congresionales y municipales que deberán celebrarse para estos días del próximo año.

Una fuente confiable que reclamó el anonimato confió que para su sorpresa la idea no sólo es contemplada en predios del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por el interés de mantener una mayoría en el Congreso Nacional y los municipios que difícilmente pueda revaluar dentro de un año, sino también en ámbitos del partido de gobierno.

Sin embargo, el proyecto de claro corte inconstitucional, que implicaría también una prolongación de dos años en el actual mandato presidencial, desataría más conflictos que los que pretende evitar en nombre de un pacto nacional por la superación de la crisis económica y chocaría hasta con la Carta Democrática Interamericana.    

UN PROYECTO EN CIERNES

No se trata del proyecto que anunciara recientemente el senador por Valverde-Mao, César Augusto Matías, de claro y exclusivo corte perredeísta. Tampoco el proyecto de prolongación acariciado antes de los comicios de 1998 y del 2002 por legisladores y dirigentes de los tres

partidos mayoritarios. Es todavía una idea que se trata de incubar entre estrategas políticos, incluso con el visto bueno de técnicos extranjeros que consideran inconveniente una próxima campaña electoral y comicios dentro de un año y dos días.

El asunto es desconocido todavía aún en altos ámbitos de la dirección política nacional, pero la fuente informativa asegura que se ha discutido entre algunos estrategas convencidos de sus beneficios pero conscientes del rechazo que podría generar, hasta con costo político para quienes aparezcan propulsándolo.

El motivo que se aduce es simpático para la mayoría. Se inscribiría dentro de un plan nacional para la recuperación y el crecimiento económico basado en la gobernabilidad democrática y compartida.

Se trataría de facilitar las reformas fiscales a que está abocado el país a la luz de la entrada en vigencia del inminente acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, América Central y la República Dominicana, que además de sustitución de impuestos conllevará previsiones para que los productores nacionales puedan ponerse en capacidad para competir con los norteamericanos y centroamericanos.

Ahí han entrado las preocupaciones expresadas por técnicos de organismos internacionales convencidos de que la próxima campaña electoral será un contaminante para las  profundas reformas fiscales e institucionales que requiere el país no sólo de cara al DR-CAFTA, sino también para mantener beneficios de la Unión Europea.

De lo que se trata en principio es de aplazar las luchas partidarias, mediante una reforma constitucional que fije elecciones generales (presidenciales, congresionales y municipales) en el 2010, con lo que de paso se estaría prolongando por 4 años el período de los actuales legisladores, síndicos y regidores, y por dos años del presidente y vicepresidente de la República.

La fuente informativa no pudo precisar si el presidente Leonel Fernández y el expresidente Hipólito Mejía están al tanto del pre-proyecto, pero alguien a quien se le comentó advirtió que ambos han coincidido recientemente en formular la necesidad de un acuerdo para una agenda nacional. El presidente lo ha formulado varias veces. Mejía lo hizo el mes pasado durante la entrevista por Teleantillas y Telesistema.

MÚLTIPLES BENEFICIARIOS

Los incubadores del pacto parten de la consideración de que el gran beneficiario sería el pueblo dominicano al establecerse un consenso sobre reformas y programas para la recuperación económica y el desarrollo con una extensión que podría abarcar una década.

Dejaría satisfechos también a todos los sectores, incluidos los empresariales y eclesiásticos que se quejan de que el país vive en permanente campaña electoral y han clamado porque las elecciones de todos los niveles vuelvan a celebrarse sino el mismo día, como antes, al menos en el mismo año.

Se da por hecho que el PRD adoptaría el plan porque ganaría tiempo para tratar de superar la desventaja y decadencia en que quedó tras los comicios del año pasado, mientras mantiene el 91 por ciento del Senado, la mitad de las curules de diputados y más de un centenar de las 125 sindicaturas.

Al PLD se le daría la oportunidad de gobernar seis años consecutivos, que dentro de un acuerdo con la oposición, supondría mayores posibilidades de realizaciones que lo afianzaran como la principal fuerza política nacional, sin exponerse dentro de un año a registrar un desgaste en las urnas.   

La fuente no pudo explicar qué beneficios se ofrecería a la tercera fuerza política, representada por el Partido Reformista Social Cristiano, la cual tiene una precaria representación congresional y municipal sin participación en el Poder Ejecutivo, a no ser de la fracción que pactó con el PLD para las elecciones presidenciales del 2004.

Un plan de esa envergadura tampoco puede contar con la unanimidad en ninguno de los partidos. Ni siquiera en el oficialista PLD donde progresivamente se expresan con mayor frecuencia las disidencias grupales que hace pocos años eran inconcebibles. Menos en un PRD donde hay miles de militantes y dirigentes esperando ganar un puesto legislativo. 

PREVISIBLE OPOSICIÓN

El reformismo, al igual que el concierto de los partidos minoritarios y emergentes podría jugar a la abierta oposición al plan, denunciándolo como un adefesio perredeista-peledeista para repartirse el poder.

En la sociedad civil, aunque algunos de sus expresiones organizadas, particularmente las empresariales, podrían compartir en gran parte los objetivos, predominaría el rechazo a lo que tiene perfil de golpe a la institucionalidad democrática y reedición de un expediente histórico desacreditado.

Una de las desventajas que tendría que superar un plan como el indicado es que rememora la prolongación realizada por reforma constitucional para extender el mandato del presidente Horacio Vásquez de 1928 al 1930, lo que justificó el golpe de estado que permitió la instauración de la tiranía de Trujillo.

No faltarán instituciones de la sociedad civil y hasta personalidades y políticos en actitud de incoar un recurso de inconstitucionalidad contra un plan que vulneraría el derecho de la ciudadanía a elegir sus gobernantes y representantes y el principio de que no se puede legislar para beneficio propio, ambos de clara consignación en la Constitución de la República. 

Aunque en algunos organismos internacionales pudieran taparse ojos y oídos en aras de la supuesta estabilidad política y tentativamente económica que conllevaría el plan, resultará imposible ignorar que chocaría con la Carta Democrática Interamericana firmada el 11 de septiembre del 2001 en Perú, y de la que la nación es compromisoria. Fue ratificada a principio del año pasado por el gobierno del presidente Mejía. Una autoprolongación de mandato legislativo y municipal y a la vez de un período presidencial sería un mal precedente para la tambaleante democracia latinoamericana, ya sometida a estremecimientos en varias naciones.

En la larga historia de rupturas institucionales de las últimas décadas en América Latina no se registra un solo proyecto de prolongación por reforma constitucional, aunque sí mediante el uso de la fuerza militar, como fue el caso de José María Bordaberry en el Uruguay de los años setenta.

UNA ALTERNATIVA RAZONABLE

Aunque se reconoce su dificultad, porque no entraña ninguna repartición, una alternativa razonable y sin repercusiones constitucionales ni malos precedentes, sería incluir dentro del pacto nacional por la agenda nacional consensuada, un acuerdo para limitar a dos o tres meses la campaña electoral para los comicios del 2005.

Lo peor del sistema electoral nacional no es que haya elecciones cada dos años, cosa común en gran parte de las naciones del mundo, sino lo prolongadas y costosas que resultan las campañas electorales.

Aquí se da por hecho que tan pronto culminen las asambleas de los partidos que buscan renovar los cuadros directivos se iniciarán las precampañas por las nominaciones para senadores, diputados, síndicos y regidores, que ya resultan muy costosas porque incluyen publicidad callejera y en los medios de comunicación de millares de aspirantes a esos cargos.

El acuerdo para reducir la campaña electoral podría incluir una prohibición de promoción de las precandidaturas en los medios de comunicación masiva y en las vías públicas y un cumplimiento estricto del espíritu del artículo 87 de la Ley Electoral vigente que fija la proclama de inicio de la campaña electoral «a más tardar 90 días» antes de los comicios.

Otra limitación del gasto podría lograrse prohibiendo la realización de concentraciones nacionales y de las caravanas electorales por las carreteras, que implican derroche de combustibles y desgaste de vehículos. Redundaría también en reducción de los choques entre los partidos que en todas las campañas implican víctimas mortales y enconan los ánimos.

Por otro lado, las posibilidades de acuerdos para las reformas fiscales e institucionales que requiere el país podrían promoverse desde el escenario del decaído Diálogo Político Nacional y desde el Consejo Económico Social e Institucional creado por el presidente Fernández, al cual no se le ha dado el esperado perfil.

En cualquier caso el proyecto en ciernes de reforma constitucional para la prolongación conllevaría confrontaciones que podrían generar incertidumbres contrarias al clima de consenso que se pretendería.-