La discusión respecto al tipo de mayoría necesaria para la aprobación de la reforma fiscal pone al descubierto la aceptación de la misma por parte de sectores que antes no entendían la pertinencia de tan amargo trago y que ahora ante lo impostergable de esta medida, han trasladado el debate al escenario de la cantidad de votos favorables que el referido proyecto debe obtener para considerarse aprobado en ambas cámaras.

Para fines parlamentarios, existen tres tipos de mayorías: 1) mayoría simple, en la cual la opción ganadora obtiene sencillamente más votos que las otras opciones, 2) mayoría absoluta, donde se hace necesario alcanzar el 50% de los votos más uno y, 3) mayoría calificada, establecida por el procedimiento de votación cuando el asunto a deliberar reviste una particular importancia y en este caso la propuesta vencedora deberá obtener un porcentaje de votos mayor que las dos mayorías anteriores, según conste en la reglamentación.

Si bien es cierto que el constituyente de enero del 2010 dejó un amplio espectro interpretativo con la expresión “y otras de igual naturaleza” en el artículo 112 de la Carta Magna, no es menos cierto, que ese mismo legislador posee la misma calidad para interpretar que el proyecto fiscal no tiene la condición de organicidad que sí tienen otras legislaciones explícitamente enunciadas por los asambleístas, más aún al tratarse de la materia tributaria, facultad exclusiva de los congresistas y que al parecer, no quisieron ponerse limitaciones respecto a este tema.

El debate sobre la mayoría a aplicar en esta ocasión, más que político, es de orden académico, pues el partido de gobierno tendría ganancia de causa, sea con mayoría absoluta o sea con mayoría calificada, pues reconociendo que en el Senado no habría dificultad alguna, debemos señalar que en el caso de los 190 diputados, el PLD tiene 103 en su matrícula, más 11 aliados, con los cuales hace quórum y obtiene la mayoría necesaria en ambos escenarios.