Amenazar con un insólito apagón generalizado de semáforos para envolver el tránsito urbano en un desastre quedó formalmente desautorizado por el Intrant y no parece otra cosa que un atrevimiento causante de desasosiego ajeno a la autoridad competente. Reacción exacerbada a un acto legal de suspensión de contrato para modernizar las señalizaciones viales a partir de indicios de que se incurrió en irregularidades graves al firmarlo, caso que puede ser llevado sin insurrección mediática de los afectados a otras instancias para lo definitivo.

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Un pataleo con inmerecida insolencia contra un órgano rector que cuida pudoroso las suscripciones de compromisos para realizaciones y pagos de suministros y servicios que asumen entidades del Estado. Su protagonismo es imprescindible para la transparencia y pulcritud en el destino dado a fondos públicos, sin restar a nadie el derecho a defenderse.

En la adquisición de un sistema de luces para regular la circulación vehicular a un costo para los contribuyentes de RD$1,317 millones, no podía faltar ningún celoso empeño de hacer valer el respeto a procedimientos que garanticen transparencia. Detalles y vínculos a esclarecer descritos en la resolución de la DGCP que suspende la operación conceden méritos al proceder. Nada debe quedar oscuro allí y la labor rendida por esa Dirección General en el cumplimiento de sus obligaciones desde el año 2020 le hacen merecer un voto de confianza de la nación dominicana.