El intento fallido de obtener libertad bajo fianza del coronel Carlos Piccini Núñez, involucrado en los actos de soborno y corrupción en la compra de los aviones brasileños Súper Tucano, revive un tema que los sectores sensatos del país no deben permitir que caiga en el olvido.
Esto, debido a que el hecho involucró 93.7 millones de dólares que al cambio actual representan 4,310 millones de pesos invertidos por el Gobierno antepasado en atención al afán de lucro de quienes cobraron una comisión de 3.4 millones de dólares.
Esta cifra, equivalente a 156.4 millones de pesos, fue distribuida entre senadores y militares de alto rango que se confabularon con sectores empresariales que se prestan a cualquier operación de lavado o transferencia de fondos a cambio de sacar sus tajadas.
Lo que llama la atención en un caso considerado complejo, es que el militar de menos rango participante en el entramado de corrupción, quien actuó cumpliendo órdenes superiores, es el único que permanece preso durante la investigación.
Al protestar por negársele un trato similar al de los demás implicados, el coronel Piccini aseguró que el Ministerio Público no va a donde tiene que ir. «Ellos saben la tecla que tienen que tocar, pero no lo van a hacer sobre la base de mi acusación».
Al negarse a colaborar con la Procuraduría Contra la Corrupción y la Justicia, el oficial se queja de que «carguen el dado a una parte de un gran escenario», refiriéndose a involucrados cuyos nombres han sido celosamente protegidos por el Ministerio Público sin esperanzas de que se llegue a todos los participantes en el bochornoso acto de corrupción.