El objetivo de regular las industrias y el comercio en general es torpedeado por incursiones informales e ilícitas sobre el mercado interno en el que se ejerce competencia desleal al empresariado formal, lesiones al Fisco y riesgos a la salud colectiva por fallas de calidad e inocuidad. Han salido a la luz espectaculares coordinaciones de fraude para evadir impuestos. Es hora de tomarle la palabra al Ministerio de Industria y Comercio, comprometido públicamente a combatir irregularidades; esto a pocos días de golpear negocios señalados continuamente en Moca como distribuidores de fármacos vencidos, adulterados o de comercializacion restringida.

El país es destino de masivos contrabandos de cigarrillos que autoridades aciertan ocasionalmente en detectar; mientras en el renglón de bebidas alcohólicas ilegales o adulteradas República Dominicana figura como el segundo país del mundo en consumirlas. El mercadeo mal controlado de combustibles a partir de exenciones y flexibilidades que propician incumplimientos fiscales es denunciado como causa de quiebras de intermediarios autorizados lo que mueve a dudar de la efectividad de regulaciones que deben ser estrictas por tratarse de sustancias inflamables y peligrosas para zonas pobladas. La informalidad es perjudicial a la economía dominicana, empresarial y socialmente, y las transgresiones a la ley y clandestinidades que en ella prosperan son un reto mayor.

Preocupante contradicción

La objeción de muchas partes a la decisión de eliminar solo parcialmente el efecto de arrastre al votar por senadores y diputados ha de quedar en el camino que procede con solo elevar instancias al Tribunal Constitucional, facultado para revocarla a partir de examinar desde el fiel de la balanza los alegatos de ilegitimidad y conflicto con la Carta Magna y los argumentos de la Junta Central Electoral. Una confrontación no resuelta con la JCE iría contra el clima de armonía y aceptación satisfactoria por parte de quienes tienen que regirse por los mandatos y esquemas trazados. Además de apelable, la resolución debe ser susceptible de revisiones sin desmedro de autoridad. Ordinariamente, diversas disposiciones del organismo que rige las elecciones han pasado por un proceso de maduración, consultas y conciliaciones para garantizar la viabilidad.