El costo de la transportación de mercancías y materias primas influye indefectiblemente en los precios finales, tanto para el flujo de exportaciones como para el abastecimiento del mercado interno. Es lógico pensar que, por ello, el eficiente Instituto Nacional de Protección al Consumidor podía jugar algún papel en contra del monopolio que como imposición de dueños de camiones organizados impide que los usuarios de los puertos dominicanos usen sus propios medios, en busca de la eficiencia y la rentabilidad para el acarreo de la carga  afín a sus negocios. Pero No. Todo sería responsabilidad de otras autoridades; y ha sucedido que en este país ninguna autoridad ha mostrado sólido desempeño   para  hacer valer  el respeto  en ese ámbito.

Existe ya , en efecto, la opción de ampararse en la ley sobre competitividad para enfrentar  las amenazas y la   violencia a que recurren los gremios de camioneros para impedir que otros, que no sean ellos,  muevan  mercancías en  los muelles, una acción ilegal contra la que no sería necesaria  ninguna ley especial pues se trata  de una vulneración a derechos  establecidos en el orden constitucional  desde siempre. Habría que ver si ahora se protegerá   el  libre  uso de las vías públicas y las instalaciones portuarias. En  muchos aspectos suele ser  evidente  que la fuerza pública es  eficiente, incluso hasta para excederse. Pero  cuando se trata de poner límites a desafueros como éste la acción legal  brilla por su ausencia.

La amenaza de los  extremos

Mucha lluvia o fuertes sequías parecen constituirse en las derivaciones  contradictorias del calentamiento global, y lo que sucede en estos momentos en  el norte del país desafía a los organismos  de reacción y mitigación de daños por inundaciones. Y lo es porque todavía muchas familias están asentadas precariamente  en zonas bajas, hasta en lechos de ríos de caudales casi extinguidos o secos por completo. Todo súbito incremento de la pluviometría haría surgir torrentes sorpresivos. Hagamos a la carrera un conteo de  zonas que serían muy afectadas por los excesos de lluvia.

 Zonas  muy específicas del Cibao se caracterizan por la pobre consolidación de los suelos. Se desmoronan con las casas que tienen encima. A más aguaceros, mayor peligro para miles de familias. Debe redoblarse la vigilancia sobre estos  asentamientos muy   vulnerables. Esperemos que el Gobierno  sea lo más diligente posible. El COE vale.