La mayoría de los gobiernos locales en República Dominicana no aplica el Presupuesto Participativo Municipal, sino una participación populista y clientelar en el gasto de infraestructuras, la mayoría de muy mala calidad, realizadas en contubernio con compañeros de la organización política del alcalde bajo el subterfugio de dirigentes comunitarios.
La consideración es del exregidor del Distrito Nacional y consultor en asuntos municipales, Waldys Taveras, quien afirma que es lo mismo que se utiliza para callar las voces de fiscalización de los regidores de la oposición a quienes se le asignan obras a través de otras personas.
Otra de las desviaciones del llamado Presupuesto Participativo, es que lo han limitado a solo gasto de obras de la cuenta correspondiente al 40% destinado para construcción y mantenimiento de infraestructuras.
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Explica que el art. 21 de la Ley 176-07 incluyó con cargo a ese porcentaje de gastos de pre inversión para iniciativas de desarrollo económico local, mientras la ley, en su artículo 236 al instituir en presupuesto participativo dispone que su objeto es establecer los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio.
Deplora que los actores municipales solo se limitan a la cuenta de inversión, sin tomar en cuenta las iniciativas que generan el desarrollo económico local.
Sostiene que las llamadas asambleas de presupuesto participativo en su gran mayoría son reuniones secretas de la administración municipal con compañeros de la estructura política electoral mayoritaria.
Asimismo, señala, que los comités que ordena crear la ley para garantizar el presupuesto participativo son inexistentes, los regidores no conocen la liquidación del presupuesto participativo ni emiten la resolución final de validación del gasto.
Estima, por tanto, que son gastos carentes de control, sustentado en la llamada participación ciudadana que en muchas ocasiones es silenciada con la construcción de infraestructuras que son donadas a entidades religiosas organizadas como O.N.G.
“Creo que las municipalidades deben en este momento en que desde el Poder Ejecutivo reciben un aumento sustancial en asignaciones presupuestarias, participar en el desarrollo local siendo parte accionaria de empresas locales que tengan como fin la prestación de servicios municipales como la recolección de residuos Sólidos, en el proceso de clasificación de estos, en empresas de transporte público, dentro del marco del presupuesto participativo”, expresa.