La creación de una nueva provincia en el gran Santo Domingo no aportaría nada a la solución de los problemas de la demarcación, pero sí abusaría del gasto público y haría un Estado más grande, malo y caro.

Waldys Taveras, experto en asuntos municipales advierte que el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, que trata de justificar la nueva provincia, no crea nuevos municipios ni distritos municipales en los artículos 22 y 23, sobre la base de que el Poder Ejecutivo, el Judicial y la Junta Central Electoral tomen las medidas para su aplicación.

Estima que estos argumentos no tienen sentido, ya que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial y la JCE en la actualidad prestan los servicios públicos gubernamentales básicos de manera desconcentradas, teniendo representación en los municipios que comprenden la provincia Santo Domingo y que se pretende constituya la provincia Matías Ramón Mella.

Señala que la estructura de gobierno de la República Dominicana es una de las más grandes de la región tomando en cuenta su población y su territorio.

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Así lo considera el Taveras, quien estima que los únicos dos funcionarios establecidos constitucionalmente en virtud de la creación de una provincia son el Senador y el Gobernador Provincial.

Señala que en virtud de la nueva organización del Estado, con ministerios y direcciones generales con funciones establecidas en la ley de su creación y los avances tecnológicos de las comunicaciones, las estructuras de las gobernaciones provinciales carecen de funciones, constituyendo una carga clientelar para el presupuesto nacional.

Precisa que la función fundamental del Estado es la prestación de servicios fundamentales a sus habitantes, como son seguridad, salud, educación, medio ambiente sano, entre otros.

Indica que ninguno de estos servicios son responsabilidad de las provincias, que están definidas en la constitución como la demarcación política intermedia en el territorio.

Explica que el territorio se divide en municipios, distritos municipales, secciones y parajes, pero su funcionario de mayor jerarquía es el gobernador civil, representante del poder ejecutivo en esa demarcación, como lo establecen los artículos 197 198 de la Constitución.

Es una de las de mayor por ciento del gasto en personal, especialmente de sus altos ejecutivos, para ser un estado grande, malo y caro para los ciudadanos.