La hasta ahora titular de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, quien asumió este miércoles como gobernadora tras una controversia legal sobre quién debía ser el sucesor de Ricardo Rosselló, subrayó que llega al cargo por un “dictamen de ley” para buscar que la isla retome “el rumbo». “Llego a esta posición por disposición constitucional y por dictamen de ley (…) es con gran humildad y compromiso que asumo el cargo para dirigir los destinos de nuestro país, con responsabilidad y entrega”, dijo Vázquez, quien juró como gobernadora tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de la toma de posesión de Pedro Pierluisi del pasado viernes.
Resaltó que accede al cargo “tal y como establece el orden sucesorio en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el artículo IV, Sección 7, y la Ley 7 del 24 de julio de 1952, según enmendada, conocida como la ‘Ley para Proveer el Orden de Sucesión y Sustitución para el Cargo de Gobernador'».
Por último, indicó que seguirá “enfocada en lograr retomar el rumbo” del “pueblo de forma ordenada y sosegada».
La normativa de sucesión de la isla establece que debe ser el secretario de Estado quien asuma el poder en la isla en caso de que quede vacante, seguido del responsable de Justicia, en este caso Wanda Vázquez, debido a la anulación de la juramentación de Pierluisi y de la renuncia de Ricardo Rosselló.
Vázquez llega a la Gobernación después que el alto tribunal declarara inconstitucional una cláusula de la ley por la que Pierluisi asumió el cargo el pasado viernes, tras la dimisión de Rosselló por el escándalo generado a raíz de un polémico chat.
La decisión de este miércoles del Tribunal Supremo de anular la toma de posesión de Pierluisi fue adoptada por unanimidad por los nueve jueces de la corte.
La jueza presidenta del Supremo Maite Oronoz tomó el juramento a Vázquez, quien luego firmó los documentos que la acreditan como nueva mandataria, sin hacer declaraciones a los medios.
El dictamen del alto tribunal, en respuesta a una demanda interpuesta desde el Senado, señala que una cláusula de la Ley 7 de 1952, enmendada en 2005, en la que se basó la juramentación de Pierluisi es inconstitucional.