Este cable de WikiLeaks  forma parte de los 2,000 documentos enviados al Departamento de Estado por la embajada de los Estados Unidos  en la República Dominicana y que la organización de Julian Paul Assange, periodista y activista de Internet australiano, entregó al Grupo SIN de noticias para su divulgación en el país. El cable presentado en esta página es del 20 de noviembre del 2003. Anoche fue divulgado por  Noticias SIN, dirigido por la periodista Alicia Ortega.

12260 , 20 de noviembre, 2003

1. (U) A seguidas el primero en una serie de reportes sobre el sector bancario dominicano.

EL CASO BANINTER – ¿SERÁ PROCESADO?

(C) Los funcionarios bancarios dominicanos se sienten complacidos por el interés del Gobierno norteamericano en la investigación del caso de Baninter, de “Ramoncito” Báez Figueroa, el cual colapsó el pasado abril y dejó tras de sí deudas incobrables de más de US$2.1 billones.  Ellos y otros se sienten profundamente pesimistas de que la judicatura dominicana persista y logre condenas para Báez y sus colegas.  El mejor resultado, reflexionan muchos dominicanos, sería que EUA extradite a todo el grupo y se les juzgue en Estados Unidos.

 (SBU) El embajador y el personal de la embajada desalentaron tales expectativas y estimularon a los dominicanos a que le demuestren a un público escéptico la firmeza de sus intenciones.  Aun así, muchos están convencidos de que la próxima temporada de elecciones distraerá la atención lo suficiente para que alguien llegue a un acuerdo, en algún lugar.

 (C) A principios de septiembre, el presidente Mejía le dio a la embajada seis gruesas carpetas con material sobre Baninter, incluyendo resúmenes de reportes de actividades documentadas.  Esa misma semana, al terminar la visita relacionada con su trabajo del agregado regional de Aduanas Bob  Fuentes y del contratista regional del Departamento del Tesoro David Chainer, el FMI autorizó al gobernador del Banco Central José Lois Malkún a que hiciera una solicitud formal de cooperación con sus agencias.  Los intercambios informales han sido cordiales y eficaces desde entonces;  por ejemplo, del 18-20 de octubre el contratista del BC José Duarte y un funcionario de la embajada fueron a Miami para conversar con el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), con el bufete de abogados contratado por el Gobierno dominicano para proseguir con la recuperación de activos, y con la oficina del fiscal estatal.

(C) El gobernador del BC Lois Malkún y el Superintendente de Bancos Julio Cross han sido tenaces en sus investigaciones sobre el caso Baninter.  Ellos persisten aún frente a la falta de pericia técnica para guiar a los investigadores, la obvia inexperiencia de los juristas dominicanos para definir y probar un caso, y las dudas de aquellos individuos dentro del Gobierno y fuera del mismo quienes aceptaron los favores de Báez en los días de gloria.  Ramoncito tenía a casi todos entre sus garras.

 (C) Los funcionarios de la embajada lograron entrevistar al contratista del BC que entró al banco el pasado mayo sin nada más que instrucciones verbales para iniciar la intervención, y hemos pasado mucho tiempo con abogados y gerentes de la Superintendencia de Bancos.  Ellos nos dicen que la evidencia del fraude es amplia e innegable.  Aun así, nos concierne encontrar que a pesar de que se está utilizando mucho tiempo para revisar los archivos, los dominicanos no hacen lo suficiente para seguirle la pista a  los bienes, para asegurar un caso a toda prueba contra los culpables, o para identificar las fuentes de los fondos.  Un consultor norteamericano que trajimos con fondos de la NAS para una asesoría de dos semanas en octubre confirmó esta impresión.  La mayoría de los bienes físicos de Baninter han sido vendidos, pero parece que a la fecha ninguno de los bienes personales de Báez han sido incautados, aun cuando la Ley contra el Lavado de Dinero, efectiva desde septiembre de 2002, prevé esa posibilidad.  La única excepción significativa es el periódico Listín Diario, que está bajo una administración nombrada por el Gobierno desde junio.

La investigación

El magistrado Eduardo Sánchez Ortiz fue asignado por sorteo el pasado junio para investigar el caso.  En la mayoría de los casos, la ley prevé solamente entre 60 y 90 días para la investigación;  recientemente, Sánchez Ortiz recibió su quinta extensión de 30 días en reconocimiento a su necesidad de consultar con expertos bancarios para entender el voluminoso material del banco, sacado no solo de la sede principal de Baninter sino de otros 29 gabinetes de archivos que estaban escondidos en un lejano almacén.  Casi todos los récords permanecen disponibles y están almacenados en un lugar que los expertos rehúsan revelar, ni siquiera a nosotros.  Sánchez reconoce que para él representa un gran desafío, debido a la complejidad del trabajo.  Tenemos entendido que una de sus primeras sesiones en mayo fue un seminario de dos horas sobre contabilidad por partida doble.  Posteriormente recibió una gran cantidad de material de estudio sobre la Ley contra Lavado de Activos de 2002.  Recientemente asistió a un taller que ofreció la Escuela de la Judicatura sobre los aspectos legales del lavado de dinero y casos complejos de fraude. En octubre, la SCJ contrató un contador experto con experiencia en banca para que trabaje con Sánchez;  él había solicitado dos expertos.  Los abogados de Báez Figueroa cuestionaron al experto la semana pasada por estar potencialmente parcializado, ya que su cliente había despedido de Baninter a la esposa del contador.

 (SBU) Reconocer el sutil arte de la contabilidad es imprescindible en este caso.  Durante más de una década, Báez Figueroa y varios de sus más cercanos colaboradores hicieron sobregiros de las cuentas de sus clientes y los encubrían creando certificados de depósitos fantasmas (instrumentos que hasta hace poco no eran rastreados ni verificados por las autoridades reguladoras).   El complejo esquema fue rastreado en un software especialmente creado que contenía un banco “encubierto”, que era reintegrado diariamente con cuentas abiertas pero que solamente eran accesibles durante horario de trabajo para Báez y sus cómplices.

 (SBU) La presentación de los hechos será vital.  Bajo el procedimiento en RD, el caso contra el grupo de Baninter será juzgado exclusivamente sobre los documentos y las observaciones entregadas por Sánchez Ortiz al juez en sesión;  no existe una provisión para que el juez obtenga evidencia adicional.  Si Sánchez Ortiz no somete un expediente adecuado – por cualquier razón – el caso estaría lleno de huecos, aumentando las probabilidades de que Báez Figueroa y sus amigos salgan libres.

¿Está Ramoncito acabado?

Báez Figueroa se dio a conocer en la década de 1990 por sus gastos extravagantes, prominentes campañas de publicidad y generosas dádivas a individuos, instituciones y causas caritativas. No parece haber ley en RD que prohíba que funcionarios acepten tales donaciones.  El colapso del banco puso a mucha gente nerviosa, en la medida en que se preguntaban hasta dónde se extenderían los procesamientos.   En contraste con ese estilo de vida de alto nivel, Báez ha estado encarcelado desde el pasado mayo, a pesar de los rumores de que sus conexiones políticas y vastos fondos lo librarán.  El presidente Mejía le declaró al embajador a principios de este mes que Báez merecía estar preso y que ahí se quedaría.  De los cuatro funcionarios bancarios que originalmente fueron arrestados, solamente Báez y Marcel (Marcos)  Báez Coco permanecen presos.  El ciudadano norteamericano Luis Álvarez Renta fue liberado en la primera semana de septiembre para buscar tratamiento médico – el cual buscó rápidamente en Miami y Boston.  A pesar de las promesas de sus abogados, Álvarez Renta permanece en EUA.  Vivian Lubrano, también liberada por razones médicas, permanece en Rep.  Dominicana.

 (C) Baninter es el mayor fraude y colapso bancario en la historia dominicana, pero otras quiebras bancarias posiblemente aumenten los casos en los tribunales.  Los dominicanos observan estos casos con creciente cinismo y con la expectativa de verse gravemente decepcionados por su Gobierno y la judicatura.  Los observadores bien informados comentan que las instituciones que deben conservar, regular y vigilar el sistema financiero aquí sencillamente no existen aún.  El presidente Mejía y su administración han hecho más de lo que muchos esperaban, pero el astuto Báez tiene muchos recursos – y muchos especulan que en el actual clima electoral, el tiempo está de su parte. La aceptación con total naturalidad de la corrupción en toda la sociedad dominicana es un continuo problema crónico.  Debe hacerse mucho más para fortalecer las investigaciones y proporcionar destreza en los procesos, para demostrarle a la mucha gente mala, a los sumisos funcionarios y al pueblo dominicano que la corrupción puede – y debe– ser detectada e impedida.