El Ministerio Público ocupó en el proceso de investigación a los implicados en el caso Operación Coral, unas armas «que no tienen ni siquiera registro de ingreso a República Dominicana».

Así lo reveló Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA), quien afirmó que esa situación le agrega al caso que involucra a los imputados, entre ellos el mayor general Adán Cáceres, el delito de tráfico de armas.

Sostuvo que esas nuevas evidencias se presentaron en la audiencia de revisión de la medida de coerción impuesta a los también acusados Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, así como Alejandro José Montero Cruz, sargento de la Armada, el oficial policial Rafael Núñez de Aza y al mayor del Ejército Alejandro Girón, a quienes el tribunal les ratificó la coerción.

Camacho dijo, además, que los fiscales presentaron evidencias de destrucción de pruebas en temas relativos al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), sobre pagos millonarios que supuestamente se hicieron a empresas que simularon proveer bienes que no se entregaron.

El titular de la Pepca, quien encabeza el equipo de litigación junto a la directora general de Persecución del Ministerio Público, procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, ofreció sus declaraciones a la prensa luego de que el tribunal ratificara la prisión preventiva a los encartados.

Estas medidas de coerción fueron impuestas por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional tras establecer, a partir de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, la vinculación de los imputados al caso.

El supuesto entramado criminal desvelado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuertpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuertpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), «principalmente con el abultamiento de la nómina».

El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que el grupo realizaba operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.

Además, que los acusados habían comprado propiedades millonarias, que incluyen un yate, con fondos sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional de la Niñez (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.