Y a mí, ¿quién me paga?

Y a mí, ¿quién me paga?

POR ANTONIO GIL
Como parte de la propaganda para domeñar a la opinión pública, cuando se insistió en la privatización de las estatales empresas de electricidad, se planteó que el consumidor tendría beneficios extras. Se planteó, además, que estos negocios privados estaban obligados a dar un buen servicio porque, de lo contrario, serían sujeto de demandas judiciales.

La nueva ley quitaría, se prometió, la excesiva protección que se le había dado a la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) desde mediados de los años »70s, cuando por ley se impedía embargarle los bienes y propiedades. Además, se nos prometió que cuando se produjera un apagón de una hora nos compensarían con tres horas de servicio gratuito.

Pero todo esto se esfumó, como aquellos US$750 millones que los capitalistas que se quedaron con la vieja CDE depositaron en bancos del exterior para invertir posteriormente en las empresas de energía en el país para mejorar el servicio. Aquel dinero no se trajo al país para que no se produjera una inflación. Cuando menos esa fue la explicación que se nos dio a través de los políticos de turno.

Durante todo este proceso de privatización he tenido que invertir en más sistemas alternos para mantener la energía en mi casa y encima de eso me facturan casi nueve veces más, estos es 900% en cinco años, por un servicio público que casi no recibo y es cada día más precario.

He pagado religiosamente las facturas de la energía por 30 años desde que establecí casa aparte de mis padres. Es una costumbre que heredé. En consecuencia, si tomamos en cuenta lo que dice la ley de electricidad, podría afirmar, sin la menor duda a equivocarme, que ya pagué y no debo la energía que no he consumido todavía por varios años. Cuando menos, así lo dice la ley 125-01 sobre electricidad.

El artículo 93 de la ley de electricidad dice: «Las empresas distribuidoras de servicio público estarán obligadas a ofrecer servicio a quien lo solicite, en su zona de concesión, dentro de los plazos establecidos en el reglamento y también a permitir que otra empresa alimente a clientes no sujetos a regulación de precios en dicha zona, pagando a la empresa distribuidora, por la utilización de sus líneas, los peajes correspondientes.»

En el párrafo primero de ese artículo se establece que «a partir del primero de enero del año 2003 (hace 20 meses), las empresas distribuidoras estarán obligadas a compensar a los usuarios finales regulados (lo que se supone que soy yo, porque tengo un contrato de 30 años y cumplido los pagos al último día) por la energía eléctrica no servida (esto es por los apagones) por el equivalente del ciento cincuenta por ciento (150%) de electricidad no entregada. Los contratos de venta de electricidad de las empresas generadoras con las empresas distribuidoras deberán incluir las compensaciones que correspondan a esta disposición».

Resulta que yo pagué todo. Ahora, ¿quién me pagará a mí?

Ya estoy preparado para recibir la ristra de excusas. Siempre hay una explicación para todo y nuestros políticos responsables del atolladero seguro que ya preparan una. Eso ya lo sé. Pero lo que más me importa es determinar quién me pagará, porque es muy probable que si me dilato mucho en conocerlo, a algún empresario del negocio de electricidad se le ocurrirá convencer a un político para establecer un impuesto para que yo pague la fiesta que se gozó otro, porque alguien tiene que haberse llenado los bolsillos con estos apagones que yo pagué.

La Unión Fenosa ni la Administradora de Empresas de Servicios (AES) compensarán a nadie. La Corporación Dominicana de Empresas Estatales de Electricidad (CDEEE) tampoco. Eso lo apostaría. La española ya se fue y según el ex presidente Hipólito Mejía la estadounidense ya quebró. La criolla tiene más de treinta años quebrada, por eso la «recapitalizaron».

Me temo, porque así somos, que ya debe existir un proyecto de ley que me hará pagar otra vez la electricidad que ya pagué y que no consumí. ¿Será cierto esto o estamos soñando?

Recuerdo que cuando debió entrar en vigencia este artículo de la ley que obliga a compensar al consumidor, reclamé y se me dijo que se había adoptado un reglamento para posponer la aplicación de la compensación. O sea, que yo tenía que seguir pagando los apagones porque un reglamento impedía la aplicación de la ley. ¿Es posible esto? ¿Qué les parece?

Lo que es seguro es que no se otea nada promisorio. En el país no parece haber instituciones que puedan hacer cumplir la ley a esos enormes capitales y nuestros políticos dependen de los «aportes» para mantener sus campañas. Cuando menos esa es la impresión que tengo. Si siguen tomando dinero prestado nunca se resolverá el problema.

La ley es la solución, o es que sólo es muy bonita para leerla, de vez en cuando, a la luz de las velas.

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