Es innegable que el sistema sanitario dominicano adolece de muchas fallas,  fallas que vienen desde tiempos ha.

Ahora mismo estamos frente al caso de un joven que murió en un centro médico privado de esta ciudad. Se alegó que en la emergencia de la clínica se negó asistencia al herido, a menos que se depositara allí una suma de dinero que garantizara el tratamiento. La dirección de la clínica, que nunca antes se había visto envuelta en problemas similares, niega ese cargo y afirma que al joven le era imposible salvarle la vida por el tipo de herida de bala recibido.

Y Salud Pública, que es el organismo encargado de investigar este caso, no ha dicho, que se sepa, la última palabra.

La ocasión es propicia para puntualizar algunas cosas.

Las clínicas privadas, como su nombre lo dicen, son privadas y allí se llega y se atiende por paga. Sabemos, de sobra, que en la mayoría de las clínicas se quiere tener una garantía cuando se recibe a un enfermo y eso tiene sus razones, pues no son dos ni tres los casos que se han dado de personas que no pagan tras ser atendidas. Y las clínicas no se sostienen del aire. Desde luego, eso no significa que en las emergencias se pueda rechazar a un paciente herido por el hecho de que no pueda depositar una suma determinada de dinero. A nadie se le puede poner en peligro la vida por falta de recursos. Y menos se puede aspirar que una persona cargue veinte o treinta mil pesos para recibir una atención de urgencia. Es claro que se presenta una situación difícil.

-II-

No se puede pretender que un centro privado invierta miles y miles de pesos en atender una emergencia y que esos gastos no sean resarcidos. Como tampoco nadie que se respete puede respaldar que a una persona se le deje morir en un centro privado, en caso de emergencia, por falta de dinero contante y sonante.

Se nos ocurre que la única solución viable es el seguro familiar de salud. Solo ese sistema, en una emergencia, puede compelir a cualquier centro médico privado a prestar asistencia de emergencia, a sabiendas de que sus inversiones serán recuperadas.

Pero todos sabemos cuanto ocurre en el país con el inicio de ese imprescindible seguro a la hora que se quiera hablar de justicia social y cosas parecidas.

Es posible que las disposiciones legales que establecen ese seguro adolezcan de algunas fallas. Pero tiempo más que suficiente ha habido para corregirlas.

Ocurre que, al parecer, muy pocos sectores de poder económico están interesados en que eso se haga. Por eso, cobran fuerza los rumores de que cuanto se quería era la creación del fondo de pensiones, hoy con más de veinte mil millones de pesos en bancos y con los ojos de halcones encima, deseándolos para sus “inversiones desarrollistas”.

Casos como el ahora presentado muestran la necesidad de que se ponga en marcha el sistema de seguridad familiar. Ojalá que el dolor ajeno ablande un tanto el duro espíritu de empresarios para quienes el signo de RD$ o US$ es tan importante, o más aún, que la vida humana. Y entre empresarios se puede incluir a muchos médicos que piensan más en los honorarios que en la salud colectiva.