¿Y ahora qué?

La Junta Central Electoral, JCE, al terminar la revisión de los libros del Registro Civil, ha declarado que 53,847 mil personas han sido inscritas de padre o madre de extranjeros desde 1929, fecha ordenada en la sentencia 168-13 del TC. La institución hizo la salvedad de que unos 3,000 libros no pudieron ser revisados pero 60,000 fueron.

Los hijos(as) de extranjeros que adquirieron la nacionalidad dominicana con la declaración de sus padres por ante el Juez Civil, puesto que por lo menos uno de los progenitores era(n) residente(s) legal(es), es decir, poseían cédula personal de identidad y electoral o cédula de identidad, serie, sello y domicilio en la República Dominicana son 29,455 personas. El resto, 53,847 menos 29,455, es decir, 24,392 corresponde a hijos(as) de extranjeros declarados irregularmente y da un detalle de cuantos fueron con pasaporte u otro documento.

De los 29,455 ciudadanos dominicanos, 22,689 son de origen haitiano. De los 24,392 ilegales, 13,672 son haitianos. En ambos casos son la mayoría, sin embargo, las cifras registradas son muy pequeñas aún en relación a las de la Oficina Nacional de Estadísticas, alrededor de setecientos mil de haitianos. Si fueran, por ejemplo, 1,525,000 resulta que restando a éstas los legales (22,689) y los registrados irregularmente (13,672), hay 1,488,739 ciudadanos haitianos que no se han preocupado por iniciar ningún trámite de estadía en la RD o no pueden por ser indocumentados de origen.

Los estimados de 700,000 o 1,525,000 haitianos viviendo en la RD, son ejemplos usados para realzar el enorme problema de ilegales pues, en realidad, nadie sabe a ciencia cierta o con razonable precisión cuántos nacionales haitianos viven en este país.

Regularizar 13,672 ciudadanos haitianos, no debiera presentar gran dificultad, ni motivo de escándalo como se ha levantado aquí y alrededor del mundo. Si las personas se presentan por ante la JCE, ésta seguirá los procedimientos de la sentencia citada y las leyes vigentes.

Si las instituciones internacionales, intelectuales, periódicos, etc., se precipitaron e hicieron declaraciones sobre el terrible genocidio legal que se estaría por cometer en el país: ¿qué puede esperarse cuando la RD tome medidas, como debe hacerlo, con relación a los 1,488,739 que no aparecen en ningún libro o la cifra que verdaderamente resulte luego de un censo concienzudo?

Aparentemente, el país no tiene el derecho, según el clamor levantado, de deportar las personas que habiten ilegalmente aquí, otros países sí lo tienen. La enorme mayoría de los ilegales haitianos carecen de documentos de identidad; no requiere mucho discernimiento concluir que los consulados de Haití en la RD, no tienen capacidad para identificar a todos sus ciudadanos.

Las altas cantidades de haitianos indocumentados, presentan un problema legal y otro práctico. ¿Tiene la RD los recursos para deportar medio o un millón y medio de haitianos? ¿Es real pensar en deportar esa cantidad de extranjeros? ¿Tiene la economía dominicana capacidad para seguir recibiendo haitianos indocumentados? Un sinnúmero de preguntas podrían hacerse, pero lo importante, es que la RD incluya en sus presupuestos anuales, dinero suficiente para controlar el libre flujo por la frontera y para censar adecuadamente a todos los extranjeros que viven aquí. A partir de esas dos acciones, podrá hacerse un programa racional de acuerdo con las disposiciones legales, la preservación política del país y la economía nacional. Una tarea de varios años.