De manera tradicional las personas que defienden los intereses del pueblo y los derechos fundamentales de su gente, son llamados defensores de derechos humanos. Esta categoría nació luego de reconocerse en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue un documento importante para construir convenciones y lineamientos que protejan los derechos fundamentales de la capa de población más afectada por el poder político.

Dentro de la amplia gama de derechos se encuentran los civiles y políticos (derecho a la participación, derecho de asociación, a libertad de pensamiento, etc.), los cuales surgen de la necesidad de controlar los abusos de poder por parte del Estado, convirtiéndose en una oportunidad para equilibrar y compartir los espacios de toma de decisiones. Los derechos civiles y políticos han construido una gran plataforma para enfrentar las expresiones dictatoriales de los gobiernos, pues favorecen y promueven la participación política, la libertad de expresión, la demanda de condiciones justas (para todos y todas) y la organización de la ciudadanía.

Lamentablemente, la labor de los y las defensores de derechos humanos ha estado muy criminalizada en América Latina, y en nuestro país, es cada vez más preocupante. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Ecuador (2011: 03) la criminalización -de los líderes juveniles y de los movimientos políticos que se oponen al modelo de desarrollo que ejecuta el Estado- ha sido empleada como un mecanismo de control social para intimidar, inhibir, neutralizar y hostigar cualquier tipo de conducta que pueda poner en riesgo o que cuestione las expresiones de poder que provienen del Estado.

Una muestra de ello, es la difícil situación que atraviesa el querido y respetado periodista Juan Bolívar Díaz (quien ha sufrido una serie de ataques y difamaciones entorno a su labor periodística y su vida privada) y el joven abogado José Luís Morillo Frías (quien está demandado por supuestamente difundir información errada en el documento Álbum de rumor público: corrupción e impunidad en el gobierno de Danilo Medina que se publicó el pasado martes 6 de agosto en el marco de la campaña Paren eso. Ambos ciudadanos se caracterizan por ser leales a los intereses colectivos (no individuales), por poseer una fibra ética incuestionable y por utilizar la denuncia como una herramienta de participación y exigibilidad ciudadana.

Para frenar su activismo, y el de otros y otras/os defensoras/res de derechos humanos, el Estado dominicano ha puesto a funcionar su estrategia de criminalización para neutralizar el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. Lanzó una campaña de descrédito al trabajo profesional de estos ciudadanos, permitió las descalificaciones personales (como ha sido el caso de Juan Bolívar Díaz) y facilitó el chantaje e intimidación a través del sistema jurídico de la República Dominicana (a través de las demandas legales). En otros países, y en el nuestro, a parte de estas estrategias de criminalización, también se ha utilizado el espionaje de las actividades públicas y privadas a través del hackeo de cuentas electrónicas e intervención de líneas telefónicas, y en casos extremos, se ha llegado a la amenaza y desaparición física.

¿Qué podemos hacer?

Posicionarnos en contra de cualquier acción que busque callar e intimidar a un defensor o defensora de derechos humanos.
Denunciando cualquier acto de represión, intimidación y hostigamiento dirigido a un defensor o defensora de derechos humanos.
Informándonos de las acciones que realiza el defensor o defensora y vigilando su seguridad e integridad personal.
Haciéndonos corresponsales del mensaje político que promueve el defensor de derechos humanos y difundiendo (en las redes sociales o con amigos, amigas y familiares) su lucha a favor de los derechos fundamentales y el bien común.
Respaldando todas las acciones que se realicen para defender y apoyar la lucha que lidera el defensor o defensora de derechos humanos.