Hoy 
En 1869, el Presidente Buenaventura Báez, distinguido ascendiente de un banquero en aparente desgracia, inició la ruina de nuestra soberanía, cuando urgido por recursos para mantenerse en el poder y enriquecerse junto a sus parciales, otorgó al aventurero belga Edward Hartmont poderes para comprometer el patrimonio de la República y lo nombró Cónsul en Londres, por lo que recibió apenas 38 mil libras esterlinas, en lo que se convirtió en una estafa que costó al país más de 10 millones de dólares; que fue el factor principal que condujo a la intervención militar norteamericana del 1916-1924.
Hoy, ciento cuarenta años después, un contrato autorizado por el Presidente Leonel Fernández con la compañía Sun Land Co. R.D., por US$130 millones, viola flagrantemente los artículos 4,8, 37,55, 110 y 113 de la Constitución de la República.
Dicho empréstito, supuestamente para obras prioritarias, tales como construir un nuevo edificio para Indotel, la remodelación del Palacio de Bellas Artes (en la cual se invirtieron RD$1,350 millones, cuya construcción original fue de solo RD$3.0 millones; la remodelación de la Biblioteca Nacional, y edificaciones en la UASD sin añadir una sola aula. De estos, US$18 millones son para gastos y honorarios a favor de la empresa, lo que fue objeto de una acción en inconstitucionalidad por el PRD y el Foro Social Alternativo, avalada por pruebas abrumadoras, con notas promisorias suscritas por los interesados y apoderados; no obstante su cancelación, podrían generar reclamaciones futuras, como sucedió con su antecesor a Hartmont y Compañía.
La declaratoria de no ha lugar por falta de calidad de los demandantes, aunque se reconoce que sí hubo la violación, niega la posibilidad al ciudadano común y sus organizaciones de defender la Constitución y las leyes, en plena contradicción con principios elementales y antecedentes nacionales e internacionales, deja huérfanos a los dominicanos del apoyo del Congreso y de la Justicia para la defensa de sus intereses.
El Proyecto de Reforma Constitucional de Leonel divide en cinco partes la judicatura; Suprema Corte, Consejo del Poder Judicial, Sala Constitucional Independiente, Tribunal Superior Administrativo y Tribunal Superior Electoral, en tanto se reserva al Presidente el monopolio del Control del Ministerio Público a todos los niveles; y un Consejo Nacional de la Magistratura que en violación del principio de la Soberanía popular se integraría con ocho de sus trece integrantes funcionarios no elegidos por voto popular.
A esta situación, que amenaza la existencia del estado democrático y las libertades públicas, solo cabe la expresión de un otrora popular programa de comedias televisivo: Y ahora ¿quién podrá defendernos?
