POR PAULO HERRERA MALUF
Uno de nuestros grandes males es que el cumplimiento de la ley es opcional. En demasiados ambientes, la ley sólo se cumple como último recurso, mucho más como excepción que como regla.

Así, es noticia que la Junta Central Electoral amague con hacer cumplir la ley que le da su razón de existir, cuando anuncia que asumirá el tema de la duración de las campañas electorales. No importa que el tiempo de campaña esté consignado en la ley electoral desde hace años, parece que hay que admirarse de que una institución bien montada y mejor financiada se digne voluntariamente a cumplir su función.

Todo un milagro. Muy a la dominicana, por cierto. Hubo que esperar la filípica de un obispo para que los jueces de la Junta nos concedieran esa gracia a los contribuyentes dominicanos. Parece que antes del boche, los jueces y juezas – entre los cuales hay uno que está en su segundo período en el pleno – no se habían enterado de las atribuciones de la institución que se les ha encomendado dirigir.

Y menos mal, diría un chusco. Menos mal que la Junta está yendo de menos a más. Menos mal que por lo menos están diciendo que darán pasos en la dirección correcta. Alguien diría, incluso, que estamos avanzando.

Hasta aparecerá quien quiera que me calle, quien considere mi falta de asombro como un resabio propio de un rosca izquierda. Quien lo quiera y quien lo considere están en su derecho tanto como yo en el mío.

Me callo nada y aplaudo poco, pues cumplir la ley no tiene mucho de heroico. Es lo menos que se espera de los funcionarios públicos. Para eso están, en el caso de los jueces y juezas de la JCE, bien pagos con nuestro dinero.

El cumplimiento de la ley es, de hecho, el estándar mínimo. Por eso, en vez de unirme al coro de admiración, escojo exigirle más a la Junta. Como ciudadano, les demando a los jueces y juezas del tribunal electoral un apego irrestricto a todos y cada uno de los aspectos de la ley que les toca defender y hacer cumplir, incluyendo aquellos que parecen ser inconvenientes para algunas agendas. Como la publicación de las actas del pleno y de las cámaras de la JCE, por ejemplo. No sólo es un mandato de la ley el publicar las actas de las sesiones de los jueces y juezas, sino que además es ilegal no divulgar información pública a pedido de ciudadanos comunes o de entidades que los representan. En efecto, por razones que no son difíciles de imaginar, algunas actas del pleno no han sido publicadas, a pesar de que la legislación electoral lo establece y de que varias instituciones las han solicitado formalmente amparándose en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.

¿Habrá que pedirle a algún obispo que pida las actas en medio de una homilía? Tal vez así hagan caso, o por lo menos digan que harán caso. Por cierto, tenemos informes de otras solicitudes de información que no han sido servidas por la Junta.

Claro, que si el cumplimiento de la ley es opcional, ni hablar de las sanciones por incumplimiento. No importa lo flagrante que sea la violación, hay que tener muy mala estrella para sufrir una consecuencia o para recibir algún castigo.

Ante esta realidad, estamos anestesiados. Si algo tan elemental como el apego a la ley arrebata murmullos de aprobación en la opinión pública, ¿es realista la expectativa de que algunos cuestionamientos se investigarán hasta las últimas consecuencias? ¿Qué pasará, por sólo poner un caso, con la investigación del contrato SOMO-JCE? ¿Hay alguna novedad en ese frente, o sencillamente es tan normal la duda sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos como el constante incumplimiento de las normas?

Después nos extrañamos de que la impunidad es generalizada. Cómo no va a serlo si el cumplimiento de la ley es medalaganario y desacostumbrado. Cómo no va a serlo si las sanciones se aplican sólo a quienes están desprovistos de todo poder; a quienes, por estarlo, son también víctimas sistemáticas del abuso público y privado.

En mi caso voy sabiendo que me llevo bien con la vida sin que me gusten todas las cosas que en la vida veo; hay que separar lo importante de lo que no lo es y esa es mi propia tarea (la de cada uno). Más que comprobar si un presidente sabe lo que cuesta un café, lo impostergable es que nosotros sepamos lo que cuesta verlo subir si el que decide pierde el control de lo importante. A fin de cuentas, el mejor gobierno no es el que promete más cosas, sino el que nos deja trabajar en estabilidad, el que asegura y mantiene la dichosa estabilidad macroeconómica.

La cuestión electoral en nuestro país es si podemos inventar, aún a costa de lo importante.