La Ministra de Trabajo, Maritza Hernández, acaba de anunciar que el gobierno trabaja en la elaboración de un plan que procura la “nacionalización del mercado laboral”, que no es otra cosa que asegurarse del cumplimiento de la normativa que establece que el 80% de la mano de obra debe ser para los trabajadores dominicanos, y el restante 20% para los extranjeros. La funcionaria explicó que ya se le advirtió a la clase empresarial sobre la necesidad de acatar el Código Laboral, para lo cual se reunió con los sectores agropecuario y de la construcción. Hasta ahí parece una iniciativa digna de encomio, pues hace tiempo que se escuchan las quejas de que la mano de obra haitiana ha desplazado a la dominicana, o de que nuestro aparato productivo se ha “haitianizado”, haciéndose dependiente de la inmigración ilegal. Pero en el mundo real, donde ningún gobierno dominicano se ha interesado, por indolencia o complicidad con empresarios y productores, en hacer cumplir ese 80-20, las cosas no son tan fáciles. ¿Cómo revertir, de un día para otro, la presencia de la mano de obra haitiana que en algunos sectores alcanza hasta el 90%, como es el caso de los cultivos de café, arroz, guineo y plátano en el Cibao? ¿Qué pasaría en el valle de San Juan si se aplica con rigor? ¿Y en la industria de la construcción? El nerviosismo que muestran empresarios y productores tras la agudización de las tensiones con Haití, a lo que habría que sumar la aplicación del Plan de Regularización y la eventualidad de que, al concluir, tengan que salir de nuestro territorio miles de haitianos, es una muestra elocuente de lo lejos que ha llegado esa dependencia. Y, sobre todo, es un claro indicador de que los obstáculos para “nacionalizar” el mercado laboral dominicano serán abundantes de este lado de la frontera.