POR DOMINGO ABRÉU COLLADO
Compuesta por hombres (y mujeres) de la Suprema Corte de Justicia no pueden esperarse milagros. Sin embargo, mucha gente esperaba que por lo menos justicia emanara de sus respectivos juicios tomando en cuenta que lo que está en juego son los recursos en los que se confía para que puedan vivir las generaciones que habrán de utilizar esta parte del planeta.

Erró, más que falló, la Suprema Corte de Justicia. Evidentemente, las personas que buscaron para asesorarse -habida cuenta de que los supremos jueces no son entendidos en cuestiones de áreas protegidas, recursos naturales ni ecología- les escamotearon la información que pudiera haberles hecho luz. Les escondieron las razones del porqué decenas de miles de personas se han estado manifestando de diversas maneras tratando que nuestros sistema de áreas protegidas no sea desmantelado. Les facilitaron informaciones erradas, y por lo tanto así habría de ser su fallo: errado.

Quienes asesoraron a los jueces de la Suprema no les dijeron que vivimos en una isla. Tampoco les informaron de toda la riqueza que hecha agua discurre por lugares como el Parque Nacional del Este y el riesgo que éstas corren si se establecen hoteles sobre ellas. No les informaron que el 80 por ciento del territorio dominicano está abierto a cualquier tipo de construcción, y que por lo tanto no es necesario aniquilar lo que nos va quedando de naturaleza virgen.

Quienes asesoraron a los jueces de la Suprema se aprovecharon de la ignorancia de éstos en materia de historia natural. Abusaron de su confianza y les negaron información sobre diversidad biológica. Se ensañaron en su falta de iluminación en cuanto a la historia de la humanidad. Les omitieron aviésamente los ocho mil años de presencia aborigen durante los cuales éstos habían desarrollado una cultura de equilibrio con su ambiente. Se cuidaron para no decirles lo inalcanzable que resulta recomponer la naturaleza luego que se le ha hecho un daño irreparable.

Los que se encargaron del asesoramiento a los jueces de la Suprema Corte de Justicia se burlaron de las buenas intenciones de éstos cuando quisieron sopesar debidamente los beneficios y perjuicios del Proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas. Tratando de desviar el beneficio de esas buenas intenciones les dieron informaciones erradas. Les dijeron que en el mundo es menor el territorio que se protege que el territorio que se usa, pero no le dijeron que por esa razón hay tanto desequilibrio, crimen, hambrunas y catástrofes ambientales.

Les dijeron también que en China Popular, un continente, apenas se protege un 6 por ciento; pero no les dijeron que en China Nacionalista, una isla, se protege un 75 por ciento, precisamente porque es una isla, como nosotros. Les dijeron que Francia, también en un continente, apenas protege un 10 por ciento de su territorio; pero no les dijeron que la revolución industrial, ese gran salto del desarrollo humano, se encargó de que Francia no tuviera más territorio para proteger. Como también le ocultaron que los causa del desarrollo francés hoy la República de Haití no tiene nada que proteger.

No son culpables los jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo son sus asesores. Pero ahora cargan también con buena parte del crimen de lesa patria y humanidad en que se convertiría la aplicación de la ley de marras.

LA DECLARACIÓN DE LA COALICIÓN

La Coalición para la Defensa de las Areas Protegidas consideró el dictamen de la Suprema Corte de Justicia -en relación con la ley 202/04- como fundamentado en falsas o descontextualizadas consideraciones, puesto que se apoya en los argumentos de quienes han promovido la desprotección de las áreas que hasta ahora han garantizado la permanencia de la biodiversidad originaria de nuestra isla.

Según la Coalición «la aprobación de esta ley por el Congreso Nacional constituyó uno de los momentos históricos más indignos para la institucionalidad del país y una de las demostraciones de chapucería técnica y prostitución política de las que generaciones de dominicanos y dominicanas tendremos que avergonzarnos».

Señala la Coalición que «la ley refrendada por la Suprema Corte de Justicia viola la Convención de Washington Sobre Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América; la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, y la Convención Sobre Diversidad Biológica, entre otros convenios internacionales».

«Resulta penoso -expresa la Coalición- que en momentos en que la lucha contra toda forma de corrupción demanda una ética convincente y clara, el Tribunal Supremo validara apropiaciones dolosas y expresara en una de sus consideraciones como legal la disminución de áreas para fines comerciales siempre que las mismas fueses hechas por el Congreso Nacional».

NO ES UN 20%

En realidad, no es un 20 por ciento lo que nos queda de territorio virgen, es mucho menos. Hasta ahora se ha estado manejando la idea de que la República Dominicana -como si sólo ella fuera la isla- apenas le queda un 20% del territorio originalmente cubierto de bosques, suelo y relieve natural.

Si tomamos en cuenta que geológicamente, geográficamente, ecológicamente, biológicamente y regionalmente somos una isla, en realidad lo que nos queda es aproximadamente un 10 por ciento o menos de naturaleza virgen.

Debido a que hemos vivido de espaldas a la parte oeste de la isla -como si no fuera parte del territorio o como si fuera una isla vecina- nos hemos manejado fuera del contexto científico que nos demuestra que cualquier cosa que ocurra en cualquier parte de la isla repercutirá en el resto de ésta. Y así ha estado ocurriendo, aunque esto solamente se nota en la zona fronteriza, específicamente en las provincias de Pedernales e Independencia.

Si tuvieran alguna validez los argumentos de quienes defienden la aplicación tal como está de la Ley 202-04 sobre Areas Protegidas, habría que aceptar que ésta es aplicable porque en Higuey hay más del 50% de territorio virgen y en Pedernales hay más de un 60% de territorio en estado natural, y que por lo tanto es posible la utilización de parte de ese territorio para el desarrollo turístico.

Pero la realidad es otra. Somos una isla que no llega al 10% de su naturaleza original, y si se permite la aplicación del despropósito llamado Ley de Areas Protegidas nos iremos rápidamente al 7 o al 5 por ciento.

¡QUE HABLE EL PRESIDENTE!

El Presidente Leonel Fernández Reyna, emitiendo públicamente su juicio sobre el Proyecto de Ley de Areas Protegidas durante su viaje a Brasil en junio del año pasado, dijo que se sumaba a la corriente que se opone a la explotación indiscriminada de los recursos de la República Dominicana sin tomar en consideración la dimensión medioambiental. Agregó el entonces ganador de los últimos comicios celebrados en nuestro país que ese tipo de manejo de nuestros recursos naturales no contribuye al desarrollo.

En estos momentos, agotadas tantas vías para evitar que la República Dominicana siga perdiendo más áreas naturales, se impone la necesidad de que el Presidente Leonel Fernández intervenga para impedir que el País se empobrezca en términos de su biodiversidad, sostenida por aquellas zonas todavía intocadas.

No es cierto que la protección de los recursos naturales signifique un freno para el desarrollo nacional, mucho menos para el desarrollo del sector turístico, cuyas diferentes corrientes prefieren los espacios con abundante naturaleza que disfrutar.

Sin embargo, la utilización de áreas bajo protección, que actualmente son garantía de la producción de agua, de especies marinas y de la permanencia de espacios no contaminados, sí puede significar un obstáculo para el desarrollo económico de la República Dominicana.

La oferta natural dominicana, no la oferta arquitectónica de sus hoteles, es lo que sugiere al turismo internacional venir al país. Y eso lo sabe el Presidente Fernández, quien tiene en sus manos ahora la decisión de impedir la castración del futuro económico dominicano.