A pesar de todo lo intrincado que suele parecer por los conceptos y preceptos consustanciales a este ejercicio, la administración de justicia debería quedar resumida al trato igualitario de todos ante la ley, sin hacer abstracción de las circunstancias en que se verifiquen las actuaciones de individuos o sus agrupamientos.

Al menos, esa es la premisa valedera en todas las sociedades en que se tiene bien claro el papel que juega la administración de justicia como fuerza que permite moderar el equilibrio entre deberes y derechos.

En nuestro medio, lamentablemente, tiene razón monseñor Benito Angeles, secretario del Episcopado Dominicano, cuando asegura que los dominicanos tienen hambre y sed de justicia y cuando llama a las autoridades a no ceder a presiones políticas ni económicas.

Y es que en nuestra sociedad, la valoración del delito o crimen tiene lugar a partir de la condición socio económica o política del presunto o real autor.

–II–

Nuestro papel como administradores de justicia comienza a dar tumbos desde el momento en que se emprende la persecución de inculpados o sospechosos. Si éstos son de extracción humilde estarán sujetos a condiciones de trato muy diferentes a si fuesen opulentos o estuviesen ubicados en niveles influyentes de la política.

Las cárceles, que son el medio de ejecución de las variantes más rigurosas de la coerción y la condena, son por sus infrahumanas condiciones una de las muestras más elocuentes de denegación de justicia, toda vez que imponen a los seres humanos condiciones denigrantes.

Sumemos a todo esto la lentitud de los procesos, aún en estos tiempos en que el Código Procesal Penal acorta plazos y procedimientos en favor de inculpados y sospechosos.

En la persecución de delincuentes reales o supuestos, la desmeritada figura del intercambio de disparos entraña, en muchos casos, formas de ejecución sumaria que jamás son investigadas y castigadas.

–III–

En otro ámbito, el de la corrupción, la sed y hambre de justicia de los dominicanos es causada por el hecho de que salvo escasas excepciones, los procesos jamás llegan a la fase de la condena y los expedientes se desnaturalizan en las diversas instancias.

Un ingrediente que entorpece y hasta neutraliza la acción judicial es la politización de los expedientes por corrupción. De manera sorprendente, a esto recurren no sólo los inculpados, sino también autoridades que administran con torpeza o falta de delicadeza sus opiniones y declaraciones, y en ocasiones hasta sus actos.

Por esos ingredientes y otros tantos que no cabrían en el espacio de esta nota, es necesario que nuestra sociedad se involucre en una revisión profunda de nuestro sistema de administración de justicia. Del mismo modo que hay inclinación por el derroche ornamental en uno que otro recinto judicial, deberíamos empeñarnos en que la calidad de la justicia se corresponda con las mejores prestaciones y el más fiel apego al mandato de las leyes.