Una buena administración de justicia tiene que estar fundamentada en el respeto estricto de los procedimientos, el respeto absoluto de las normas procesales y en la celeridad de la aplicación de la ley. La inobservancia de cualquiera de estos requisitos se traduce en denegación de justicia y en una falta que puede llegar a ser tan o más grave que la que se pretende sancionar.

Se da por sentado que para la plena observancia de los procedimientos y reglas procesales, los auxiliares de la justicia tienen también que actuar de manera que no obstaculicen la puntualidad de cada uno de los actos afines al juicio. Así, cada vez que un reo es requerido para comparecer ante cualquiera de las instancias procesales, los auxiliares de la justicia tienen que satisfacer dicho requerimiento sin tardanzas injustificables.

Estas premisas apuntalan quejas recientes del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, en cuanto a la lentitud conque proceden los tribunales y porque el sistema penitenciario dominicano afianza el comportamiento de los delincuentes, en vez de contribuir a su regeneración.

Inexplicablemente, en los tribunales, particularmente en los de primera instancia, se da el caso de procesos retrasados por decenas de reenvíos debidos a incidentes presentados por cualquiera de las partes, lo que prolonga los procesos más allá de lo que correspondería de acuerdo con las normas procesales y con la filosofía de celeridad que debe adornar a la justicia.

[b]II[/b]

El otro problema que ha planteado el presidente de la Suprema Corte de Justicia es el de la falta de jueces para poder aplicar los nuevos códigos. Según ha dicho, se requiere la designación de 295 nuevos magistrados para cumplir ese cometido, pero el Poder Judicial no tiene recursos suficientes para hacer las designaciones.

Ese aspecto, sumado a una lentitud en los procesos judiciales que en parte podría deberse a cúmulo de expedientes los tribunales precisamente por falta de jueces, se constituye en una traba para la administración de justicia.

Al margen de estas cuestiones atinentes a la judicatura, está el hecho de que todavía no se consagra a plenitud el estatuto que da autonomía al Ministerio Público, lo que se traduce en inconvenientes de funcionalidad.

La República Dominicana ha dado grandes pasos de avance en el mejoramiento de la administración de justicia. La creación del Consejo Nacional de la Magistratura, la depuración minuciosa de los aspirantes a jueces, su capacitación y otros adelantos están a la vista de todos y son logros innegables.

Pero falta mucho por hacer. Se requiere una aceleración de los procesos judiciales como parte de un programa cuya meta sería descongestionar las cárceles que, por cierto, necesitan ser mejoradas.

La privación de la libertad no es por sí misma y instrumento de regeneración de conducta y se duda que opere efectivamente como disuasivo del delito. Cuando se acuda en procura de mejorar las condiciones operativas de los tribunales y el acondicionamiento de las cárceles, todo en aras de dar celeridad a los procesos, entonces y solo entonces haréis justicia.