La inacción de la Junta Central Electoral  frente a los impresionantes abusos de poder que cometen los altos funcionarios gubernamentales que participan en la campaña electoral del PLD, encabezados por el Presidente Leonel Fernández, debe alarmar a todos los ciudadanos sensatos y de espíritu democrático de este país.

Porque en democracia, como en el mundo de los negocios, el peor pecado que puede cometerse contra el sistema y contra los ciudadanos es la desigualdad en la lucha electoral, la asimetría en la propaganda, en el uso de los medios de comunicación y en la disponibilidad de recursos para financiar la búsqueda de sufragios.

Cuando un jefe de Estado se encamina por los pueblos del interior  en compañía de comitivas que se desplazan en helicópteros del  Gobierno o en cómodos vehículos de alto consumo comprados y mantenidos con los recursos de los contribuyentes; cuando se enmascaran los proselitismos en inauguraciones y “conversaciones” con grupos comunitarios para escuchar sus reclamos y dar respuesta a sus peticiones,  se promueve la inequidad  en la campaña electoral.

Hace rato que el Presidente de la República está desbordando el espacio donde debe mantenerse como jefe de Estado. Porque una cosa es que él salga a buscar votos por su partido y su candidato, a lo que tiene legítimo derecho, y otra  cosa es que  utilice, como lo está haciendo, las inauguraciones de obras públicas y su capacidad para disponer obras a favor de localidades.

Hace rato que la Junta Central Electoral debió suspender las inauguraciones del Presidente de la República y actos similares que, como se ha estado observando en los medios de comunicación, son actos políticos, actos promocionales, actos proselitistas, tribunas para levantar la bandera  comicial  del partido de Gobierno y sus candidatos.

El  presidente de la Junta Central Electoral debe abandonar su inacción intencionada y refugiarse en los principios constitucionales establecidos en la Ley Sustantiva, específicamente en la parte in fine del artículo 212, que le da facultad  reglamentaria en los asuntos de su competencia.

Ese mismo artículo consigna,  en su párrafo cuarto,  que “la Junta Central Electoral  velará porque los procesos  electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento.  En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como  el acceso equitativo a los medios de comunicación”. Como se puede apreciar, sólo falta que el doctor Roberto Rosario mire para donde su pinta política no le ha permitido ver hasta ahora.