POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
 El contrato suscrito por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con la Sunland Corporation es un instrumento contradictorio y oscuro que puso en manos de una empresa sin mayor aval 130 millones de dólares para obras que no se han ejecutado 17 meses después.

 Independientemente de que el endeudamiento externo no fuera sometido a consideración del Congreso Nacional, está el agravante de que el Estado dominicano haya dejado en manos privadas tan alta suma de dinero, sin concurso público ni presupuesto para las obras que se buscaba financiar.

 También resulta inexplicable que las once obras originalmente contratadas fueran reducidas a cinco, siete meses después, sin ninguna explicación ni presupuesto, mediante un anexo también suscrito por el ingeniero Félix Bautista, secretario de Estado y director de la OISOE.

APARECIÓ EL CONTRATO

 Esta semana, a un mes de la denuncia del Partido Revolucionario Dominicano, se conoció por fin el contrato, gracias a una instancia elevada ante el director de la OISOE por el periodista Luis Eduardo Lora, ya un experto en apelar a la ley sobre libre acceso a la información pública.

 El documento consta de 64 páginas, escritas a renglón seguido, y entra en minuciosidades, pero sin embargo es extremadamente vago en las cuestiones fundamentales, como ejemplo, no señala las obras específicas que la empresa habría de construir, lo que posteriormente se incluiría en un anexo sin valor legal.

Aunque en dos de los artículos del contrato se indica que las obras serían realizadas en un plazo de 12 meses, con multas e indemnizaciones por retrasos, sólo algunas han sido iniciadas 17 meses después, sin que se sepa cuál es su estatus legal.

El artículo 15, sección 1, establece que «El contratista deberá terminar la totalidad de las obras, incluido, sin limitación, el suministro, construcción, demoliciones, obras civiles, montaje, pruebas y Puesta en Marcha, y el Proyecto deberá estar en condiciones de recibir la Recepción Provisional Total de las Obras, a plena satisfacción de El Jefe de Proyecto, (la OISOE) a más tardar en doce meses a partir de la firma del presente Contrato».

En la carta que dirigiera la gerente general de The Sunland Corporation RD, Heredia Lombert, al secretario de Hacienda el 12 de abril del 2007, 11 meses después de firmado el acuerdo, se afirma que «Este contrato no se ha ejecutado», alegando que «por lo tanto el Estado dominicano no ha contraído ningún compromiso financiero sobre el mismo», aunque varios documentos indican lo contrario.

La misiva respondía a «su solicitud de aclaración a la copia de aviso de cobro de HSBC Panamá», entidad bancaria que reclamó a la secretaría de Hacienda el pago del tercero de los 19 pagarés firmados por el ingeniero Bautista en virtud del Poder 106-06 del 12 de mayo del 2006 del presidente Leonel Fernández.

Intermediación financiera

Aunque a lo largo del contrato se supone que la Sunland sería la responsable de las obras por valor de 130 millones de dólares, la misma carece de credenciales como empresa constructora ni como financiera, tratándose más bien de una intermediaria en la venta de los pagarés.

En la sección 4 del artículo 4 del contrato se establece que el contratista debe obtener el 100 por ciento del costo del proyecto y en consecuencia «está autorizado y apoderado mediante el presente acto para negociar, a nombre de LA PRIMERA PARTE (el gobierno dominicano) con cualquier entidad financiera los términos de cualquier garantía y/o Crédito».

El párrafo 4.5.1 indica que los pagarés serán garantizados «con toda la solvencia moral y crediticia del Gobierno de la República Dominicana» Esa responsabilidad del Estado en la venta de los 19 pagarés   queda más clara en la «Carta-acuerdo» firmada por Bautista y la gerente de la Sunland el 27 de junio del 2006, 42 días después del contrato, donde se consigna que las obligaciones derivadas serían registradas en el Departamento de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas, el cual «emitirá una autorización al Departamento de Tesorería para el repago de las notas (pagarés) en la fecha de vencimiento».

 El punto 8 de la Carta-acuerdo indica que «Las obligaciones de pago bajo el Acuerdo y las Notas (pagarés) tendrán la mayor prioridad frente a todas las obligaciones internacionales del Estado Dominicano».

 El texto mismo de los pagarés vendidos a la financiera Cox & Co., subsidiaria del banco HSBC, no deja duda del compromiso del Estado dominicano con el financiamiento. Dice que son «obligaciones por las cuales se compromete la completa credibilidad y crédito del Gobierno de la República Dominicana».

 Es obvio que la Sunland ha sido apenas un agente de negociación de los pagarés por lo cual recibiría el 8.26 por ciento de los 130 millones de dólares, es decir 10.7 millones de dólares, según la sección 3 del artículo 4 del contrato, que precisa 1 por ciento por honorarios «de manejo administrativo y financiero», 1 por ciento por «Honorarios Legales y de arreglos» y 6.26 por ciento por «Administración de Proyectos, Seguros de Riesgos y costos administrativos».

Reducen las obras de 11 a 5

 Llama la atención que el contrato no especifica las obras a ser construidas con el financiamiento Pero un Anexo 1, sin fecha, ni logo, ni firma, ni iniciales, ni sello de ninguna de las partes contiene la «Lista de Proyectos a ser Construidos», que son 11: Edificio Tecnológico, Torre Administrativa, Comedor Universitario y Edificio de Parqueos de la UASD, así como Instituto Técnico Comunitario, Hospital Oncológico, edificios de Medio Ambiente y del Indotel, y la remodelación del Archivo General de la Nación, del Palacio de Bellas Artes y de la Biblioteca Nacional. 

 Pero lo más sorprendente es el “Anexo 1 Enmendado”, éste sí con fecha (5 de diciembre del 2006) y con las firmas y sellos de las partes, que sin ninguna explicación reduce la lista de proyectos a ser construidos a cinco, los cuatro de la UASD y el Hospital Oncológico. Pero mantiene que su costo «no excederá la suma de US$130,000,000».

 Este anexo es más extraño por cuanto indica que «El Presupuesto de estas Obras será suministrado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado en los primeros 30 días después de la firma del contrato». Esto el 5 de diciembre del 2006,   casi 7 meses después que el contrato fuera firmado. Y todavía se prometían los costos, cronograma de ejecución y nombre de los contratistas y suplidores de cada proyecto.

 Dos formas de pago

 La suerte de la Sunland es tan grande que el contrato establece dos formas de pago, excluyentes entre sí. En la sección 1 del artículo 4 se indica que el Jefe del Proyecto (la OISOE) «deberá anticiparle a EL CONTRATISTA el treinta por ciento sobre el valor total de las obras», presentando «fianza de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 10 por ciento del Precio del Contrato». Eso equivaldría a 39 millones de dólares, mil 287 millones de pesos, a 33 por dólar. El párrafo 4.2 dice que el importe restante del contrato se pagará mediante cubicaciones mensuales de las obras.  

 Pero el 4.5.1 indica que La porción del precio total del contrato, incluyendo, pero no limitado a, todos los honorarios auxiliares elegibles y costos financieros, relativos al crédito del Contratista, serán pagados por el Estado «mediante pagarés garantizados con toda la solvencia moral y crediticia del Gobierno». La cuestión se hace más confusa en el siguiente punto 4.5.2, que se refiere al repago de los 19 pagarés de 6 millones 845 mil 105 dólares cada uno, en igual número de meses consecutivos. Y hasta se establece un recargo del 2.16 por ciento que debería pagar el gobierno por cualquier retraso en hacer efectivo los pagarés.   

 Es inconcebible tanta confusión sobre la forma de pago de 130 millones de dólares, que al parecer están en manos de la Sunland Corporation, puesto que la gerente Lombert dijo en su carta al secretario de Hacienda del 12 de abril pasado, que «el desembolso realizado por este banco (el HSBC) fue a nuestra empresa, por lo que el Estado Dominicano no ha contraído ningún compromiso financiero con ese banco y los pagos de las cuotas han sido realizados por nuestra empresa».

 En los documentos no aparece la tasa de interés a que fueron vendidos los pagarés, que al igual que las comisiones de la Sunlad tendrían que ser pagadas por el Estado con encarecimiento de las obras. Más inexplicable que no las ejecutara la misma OISOE si tendría que avanzar un 30 por ciento del costo total.

Al constituirse en una deuda externa asumida por el Estado, el contrato debió ser aprobado por el Congreso Nacional. Y todavía más porque exonera todos los impuestos personales y sobre la renta a que esté sujeto el contratista, los subcontratistas y su personal,  

 Todo parece indicar que la Sunland vendió los pagarés y recibió el dinero, y que   los está pagando. Pero como las obras no se han ejecutado 7 meses después de vencido el plazo, esa dichosa empresa privada ha usufructuado durante casi año y medio un dinero que debió ingresar al Banco Central. Los mismos pagarés dicen que fue contratado por el gobierno dominicano.

Una explicación de por qué no se han recibido los 130 millones de dólares es que se trató de un crédito clandestino, al margen del Congreso y burlando los topes de créditos que había impuesto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

  El escándalo es un reto a un gobierno que se ubica en la postmodernidad.-