RAFAEL TORIBIO
Nos preocupa que nos cataloguen como Estado fallido, pero hacemos muy poco para no llegar a serlo. Pareciera que hay un concierto entre diferentes actores, unos por omisión y otros por acción, para que el Estado fracase. Solamente esta lamentable percepción puede explicar lo que se hace a la vista de todos camino al desastre y lo que no se hace para evitarlo.

Se mantienen subsidios violando acuerdos para reducirlos y eliminarlos que solo benefician a los que más tienen, por la rentabilidad política que supuestamente proporcionan a corto plazo; el gobierno viola sistemáticamente leyes que están vigentes, algunas incluso votadas y promulgadas por las mismas autoridades que las violan; el Metro, erigido como la gran prioridad nacional, consume los recursos que debieran invertirse para asegurar el desarrollo humano. Y nada pasa.

Por diferentes complicidades y tolerancias el servicio del transporte público se ha privatizado, pero con fondos públicos. Como una contribución a que este problema sea más difícil de resolver en el futuro hay que entender la creación, por el Estado, con recursos públicos, claro está, de un «fondo» especial para su desarrollo y renovación de unidades de transporte. Y todo sigue igual.

Antes de buscar fórmulas para remediarlo, desde el litoral político, especialmente desde el gobierno, se justifican las largas y permanentes campañas políticas y sus costos cada vez más altos que obligan a recaudaciones casi obligadas, uso de fondos públicos y la procura de recursos, aunque sean de origen dudoso. Y nadie siente que está haciendo algo inadecuado.

Después de dejar pasar el tiempo que se disponía para vislumbrar dificultades y resolver problemas, y así asegurar un inicio sin contratiempos del Seguro Familiar de Salud, ahora tenemos que ponerlo en funcionamiento de la forma que sea, no porque sea el adecuado, sino porque la alternativa de no tenerlo es peor. Y todos esperamos que haya un acuerdo para que se inicie, sin que nadie esté satisfecho.

La autonomía presupuestaria en algunos órganos del Estado, prevista para que puedan ejercer sus funciones con independencia, se ha entendido como licencia de sus miembros para asignarse una remuneración que no sólo contraviene el sentido más elemental de la ética, sino leyes vigentes y recientes. Y pocos se dan por enterados.

Esta lista de cosas que suceden, pero que no debieran suceder, puede ser ampliada sin grandes esfuerzos porque cada día aparece una nueva que se suma a las demás, procurando, todas ellas, una mayor ineficiencia del Estado y que contribuyen a la percepción, cada vez más generalizada, de que sin llegar a ser fallido va en ese camino. El caso de la Cámara de Cuentas merece formar parte de esta lista, pero en un sitial preferente.

El de la Junta Central Electoral permitió conocer que la asignación de remuneraciones desproporcionales era una práctica bastante generalizada, y que la autonomía presupuestaria se utilizaba para fijarse remuneraciones sin ningún tipo de límites, ni siquiera el de la prudencia. El aumento desorbitado de las remuneraciones en la Cámara de Cuentas, violando todo principio ético y leyes vigentes que se lo impedían, confirma y amplía lo que habíamos visto.

Siendo un país pobre, los sueldos que se asignan muchos funcionarios son sustancialmente mayores que los de sus homólogos de países muy ricos. Mientras esto sucede, se ha preferido seguir manteniendo el silencio, y menos hacer algo, sobre todo, cuando se motoriza una revolución democrática comprometida con profundas reformas institucionales.

La vuelta atrás en su nefasta decisión, que se han visto obligados a realizar por la presión de la opinión pública, no por la acción responsable de las autoridades con potestad para ello, no es suficiente. Deben renunciar o ser destituidos. Como entre nosotros la dignidad y el decoro no parece que obligan a la renuncia en estos casos y las autoridades competentes con un silencio aprobatorio y cómplice no les solicitan que lo hagan, o los destituyen si no lo hacen, tocará a la ciudadanía reclamar lo que los indignos no hacen y las autoridades no quieren hacer.