La sesión sería intensa. La Cámara de Diputados se aprestaba a conocer varias iniciativas. Entre ellas, la resolución que reclama al procurador  de la República, Francisco Domínguez Brito, el establecimiento de unidades de atención integral a la violencia intrafamiliar y de género.

Huelga decir que esa resolución fue aprobada. Hasta ahí todo perfecto. Lo increíble es que el mismo día en que los honorables del Congreso exigían al Procurador que se dé atención integral a los casos de violencia de género, recibía en sus fauces a Ramón (Papo) Fernández, quien cumplió condena por  “sustraer a una menor de 14 años de la autoridad de sus padres y convivir con ella”.

Aunque la chica lo acusaba de violación, al final el asunto se redujo a sustracción. De cualquier manera, Fernández estaba casado  y  jamás debió tocar a esa niña, independientemente de lo que luego afirmaron de ella. Eso fue un abuso.

No sé si peco de moralista pero me suena a burla que justo en  ese Congreso que pide detener la violencia intrafamiliar y de género  converjan legisladores que han sido sometidos por agresión física a sus esposas, manutención,  “sustracción” y hasta tráfico de personas.

Tal vez ustedes dirán que ellos ya han pagado sus condenas. Pasa que estas han sido leves, levísimas, y que además resulta inconcebible que quienes hagan las leyes y estén llamados a ser un ejemplo para todos sean lo peor de la sociedad. Así, de verdad, no se hace Patria.

Aunque hoy es imposible, sólo espero que algún  día los abusadores sean proscritos por una sociedad que ni siquiera les permita aspirar a ningún cargo.