La Sociedad dominicana se pasó 18 años reclamando una Ley de Partidos Políticos. Hoy, la misma, tiene 22 días de promulgada y ya hay denuncias serias de que se estaría violentando.
Una de ellas fue hecha por El Partido Dominicanos por el Cambio (DXC), entidad que reclamó a la Junta Central Electoral (JCE) que ordene retirar toda la propaganda política colocada en las vías públicas, en especial las vallas publicitarias, porque violan la Ley 33-18.
La otra denuncia importante, en este sentido, la han formulado grupos como Somos Pueblo, y personas como Guillermo Moreno, quienes han afirmado que los actos del expresidente Leonel Fernández, los anuncios de apetencias reeleccionistas que han hecho algunos ministros y la alocución del expresidente Hipólito Mejía también violentan esta ley.
¿Qué dice la ley? En su capítulo 5, sección 1, artículo 41, establece que el periodo de campaña interna será iniciado el primer domingo de julio. Esto es el año antes de las elecciones, es decir que la lucha por las precandidaturas en los partidos debió comenzar en julio del 2019, no ahora.
En el artículo 44, habla de la propaganda prohibida en el periodo de precampaña y aquí incluye los afiches y las vallas.
¿Cuál es el problema entonces? Que parece que aquí se cumple la máxima de que quien hace la ley, hace la trampa, porque se supone que uno de los beneficios marginales de la Ley de Partidos Políticos era limitar el tiempo de la campaña, partiendo de que República Dominicana siempre está en campaña y considerando el gasto, a veces de fondos públicos, que esto implica, y del hartazgo y cansancio que produce en la población. Pero tenemos Ley de Partidos y como quiera ya estamos en campaña, aunque falten dos años para las elecciones.
Mientras, la Junta Central Electoral ha asumido un rol muy pasivo y a la vez contradictorio. Primero, en junio, emitió una resolución prohibiendo todas las actividades proselitistas, propaganda en los medios de comunicación, y utilización de vallas con imágenes alusivas a candidatos en calles, carreteras y espacios públicos.
Pero ahora, dice que las actividades de campaña política que se han hecho no violan la ley y no ha actuado para el retiro de las vallas políticas que dijo estaban prohibida.
Ahora bien, el problema, como ciudadanos, es que existe un reclamo real de limitación de la campaña y de sus recursos, porque en este país hay tantos temas pendientes que constituye un acto de egoísmo, por demás antidemocrático, que la clase política quiere mantener monopolizada la agenda pública sólo con sus luchas partidarias.