Es verdaderamente preocupante la tendencia de la sociedad dominicana a justificar la violación del Estado de Derechos que en toda circunstancia debe regir todos los actos públicos y privados. Cuando no se hace bajo el argumento de preservar las instituciones políticas, es por razones de combatir la delincuencia. Por eso se fusiló a Francisco del Rosario Sánchez y a María Trinidad Sánchez, a los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, a Manolo Tavarez Justo y sus compañeros y a Francisco Alberto Caamaño. Por lo otro se justifica que este año la Policía Nacional se encamine a anotarse más de 500 muertos, superando los 457 del 2008.

 En estos días se ha escuchado a personas honradas e inteligentes de diversos estratos sociales lamentar que en el desenlace del secuestro del niño quedaran vivos sus autores, y alguien llegó a lamentar que no hubiese “intercambios de disparos”, lo que atribuyó a que el Jefe de la Policía Nacional estaba fuera del país.

 Comprendo que se extienda la inseguridad cuando se producen dos secuestros en el término de un mes, ya que afortunadamente ese terrible delito no ha proliferado en el país. Y soy de los que creen que toda la sociedad tiene que empeñarse para evitarlo. Pero tampoco se pueden justificar los fusilamientos, secuestros y torturas para evitarlo.

 No hay que pasar por la experiencia de Eduardo Baldera o del niño Ángel Agustín Jiménez Peguero, o ser miembro de esas familias, para demandar castigo justo de los responsables. Pero primero hay que establecerlos sin dejar dudas ni confusiones, y luego proceder acorde con nuestro Estado de Derechos.

 El caso del menor de cinco años ha sido exitosamente resuelto en apenas dos días y van quedando muy pocas interrogantes. Es obvio que se trató de un secuestro intrafamiliar, pues fue planificado por una prima de la madre, la que según se ha informado fue detenida en la propia casa de la víctima. Se agotan las investigaciones para determinar si hubo otras implicaciones. Pero la justicia tiene a los acusados lo que permitirá su total esclarecimiento y las sanciones correspondientes. Los investigadores deben ser reconocidos.

En el caso de Baldera se dispararon todos los demonios, con secuestros, asesinatos, torturas, declaraciones mentirosas de autoridades y erráticas investigaciones que extendieron el drama a tres semanas, sin que se pueda atribuir a nadie el menor éxito en su desenlace, pues al final se habla de un escape. Con el agravante de que dos de los acusados, Cecilio Díaz y William Batista Checo, fueron fusilados por la Policía, lo que elimina dos piezas fundamentales para el total esclarecimiento y sanción de todos los culpables. Ni siquiera han podido establecer dónde mantuvieron tantos días al secuestrado.

Los testimonios de los campesinos y del alcalde de Sabana Cruz, Socio Lino González devolviendo los cinco mil pesos con que pretendieron comprar su conciencia y su silencio para que no insistieran en que detuvieron desarmado  y entregaron vivo a Batista a la PN, y su foto, vivo, dentro de un vehículo policial deberían conmover las conciencias de gatillo alegre que tanto abundan.

¿Cómo condenar estos dos secuestros y guardar silencio ante los otros dos? ¿Cómo justificar que la estudiante de 22 años María Magdalena Díaz, hija del imputado fusilado Cecilio Díaz, fuera mantenida secuestrada por hombres vestidos de civil que entre el 25 y el 28 de septiembre la interrogaron en lugar que ella ignora sobre el paradero de su padre? ¿Cómo justificar el secuestro, el 28 de septiembre,  por hombres vestidos de civil del contador Juan Almonte Herrera, también acusado por la PN, y su posterior desaparición?

¿Era esa jovencita también culpable? ¿Pero no hay compasión por ella y por sus familiares y los de los demás? ¿Y cómo justificar las torturas a que fueron sometidos por la PN los ciudadanos Antonio Pérez y Dani Caba?, quienes resultaron tan “culpables” que fueron dejados en libertad y testimoniaron su sufrimiento en Teleantillas.

 No hay manera de justificar que estemos trocando el Estado de Derecho por un Estado del secuestro, torturas y asesinatos, en el que una patrulla policial puede entrar a la emergencia del hospital de Yaguate, el lunes 19,  para rematar al muchacho de 23 años Lisandro Cuevas Ferreras, a quien ya  habían baleado horas antes, completando así un “intercambo de disparos”. Y no porque fuera un delincuente, sino por haber resistido un desalojo. ¿Es liquidando el Estado de Derechos  que vamos a combatir la delincuencia?